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Altagracia Guzmán Marcelino, exministra de Salud Pública, afirmó que los indicadores de mortalidad materna y neonatal están en retroceso en la República Dominicana, señalando como causas la atención médica deficiente, la ausencia de una vigilancia epidemiológica sólida, la insuficiente higiene en hospitales y la elevada tasa de cesáreas.
Como integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, la exfuncionaria calificó la situación de «grave» y sostuvo que numerosas gestantes y recién nacidos pierden la vida por motivos que, según su criterio, podrían evitarse. Lo manifestó durante una entrevista en un programa televisivo.
Guzmán Marcelino cuestionó la efectividad y el rigor de los sistemas de vigilancia epidemiológica vigentes, pese a que la normativa obliga a notificar fallecimientos maternos e infantiles desde 1997. Indicó que entre los profesionales circula escepticismo respecto a los boletines oficiales, debido a dudas sobre la periodicidad de los datos y la transparencia en la notificación desde los centros de salud.
Uno de los temas que resaltó fue el altísimo porcentaje de partos por cesárea en el país. Señaló que en el sector privado esas intervenciones alcanzan cerca del 90 % de los partos, mientras que en el sector público superan el 50 %, cifras que calificó de alarmantes. Explicó que este hábito puede aumentar las complicaciones respiratorias de los recién nacidos frente al parto vaginal, y lo relacionó con la falta de insumos para inducir el trabajo de parto y la ausencia de sonógrafos fetales en muchos hospitales.
La exministra también denunció deficiencias en los protocolos de higiene y desinfección en áreas críticas, como la manipulación de instrumental, aspiradores y demás equipos utilizados en la atención neonatal. Según sus palabras, esas condiciones favorecen la proliferación de bacterias, lo que podría desencadenar brotes infecciosos con consecuencias mortales.
En lo relativo a la atención prenatal, Guzmán Marcelino señaló que el primer nivel de salud presenta importantes debilidades: el seguimiento de las embarazadas es irregular, el control de la hipertensión arterial es insuficiente y faltan acciones efectivas para prevenir partos prematuros y nacimientos de bajo peso. Todo ello, según ella, limita la capacidad del sistema para identificar y atender a tiempo situaciones de riesgo durante el embarazo.
Asimismo, advirtió que las mujeres extranjeras a menudo temen ser deportadas y carecen de apoyo familiar, lo que las lleva a alejarse de los hospitales y a dar a luz sin asistencia médica adecuada, incrementando la probabilidad de resultados fatales.
Finalmente, la exministra exigió que la investigación y fiscalización de las muertes maternas y neonatales quede bajo la responsabilidad directa del Ministerio de Salud Pública, organismo rector del sistema sanitario, y no exclusivamente en las instituciones que operan la red pública, para evitar conflictos de interés. Recalcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control con el objetivo de determinar las causas de los fallecimientos y corregir las deficiencias que afectan la calidad de la atención materna y neonatal en la nación.
