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SANTO DOMINGO— La Fuerza del Pueblo, mediante la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos, ha introducido una propuesta para reformar la legislación nacional y establecer penas de hasta 30 años de cárcel para quienes introduzcan armas, municiones y equipos bélicos a Haití.
Orlando Espinosa, al frente de dicha secretaría, advirtió que las tácticas usadas por las bandas delictivas evidencian la necesidad de reforzar los controles aduaneros y replantear la respuesta penal, sobre todo cuando se vulnera la seguridad del país.
El funcionario recordó que la Ley General de Aduanas 168‑21 fija como máximo diez años de prisión para ciertos tipos de contrabando agravado, mientras que la Ley 631‑16 de Armas, Municiones y Materiales Relacionados contempla sanciones de hasta 30 años cuando se trata de desvío de material oficial.
Según Espinosa, resulta impracticable seguir combatiendo las nuevas modalidades del crimen organizado con normas diseñadas para el contrabando comercial tradicional, pues las organizaciones criminales han demostrado una capacidad creciente para manipular los canales del comercio internacional en actividades que amenazan la seguridad nacional.
En este marco, criticó que bajo la actual administración del Partido Revolucionario Moderno se hayan identificado casos de municiones de origen militar dominicano en manos de grupos criminales haitianos, una situación que, a su juicio, requiere respuestas institucionales más firmes.
“Resultaba difícil imaginar que municiones destinadas a la defensa de la República Dominicana pudieran terminar en manos de bandas armadas haitianas. Sin embargo, bajo la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), estamos frente a una realidad que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad del crimen organizado. A esto se suman los casos de narcotráfico que han involucrado a dirigentes y legisladores del PRM, situaciones que también demandan explicaciones y responsabilidades. Lo que antes podía considerarse un problema de contrabando comercial hoy plantea desafíos que comprometen directamente la seguridad nacional”, expresó Espinosa.
El responsable de Asuntos Aduanales y Puertos señaló que la coyuntura obliga al Congreso a revisar con urgencia la normativa vigente, a fin de impedir que las organizaciones dedicadas al tráfico de armamento se aprovechen de regímenes penales menos duros al operar por los puertos y aduanas.
Para ilustrar los métodos de tráfico, citó los informes del Panel de Expertos de la ONU sobre Haití, que describieron la incautación en el puerto de Haina de un contenedor proveniente de Miami, declarado como ajuares del hogar, pero que contenía 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.
Asimismo recordó el episodio en que un segundo teniente del Ejército dominicano fue detenido junto a un ciudadano haitiano mientras transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia de San Juan, evidenciando el peligro del tráfico terrestre de municiones.
Espinosa rememoró que los reportes de la ONU documentan la presencia de municiones marcadas con la sigla ERD, correspondientes al Ejército de República Dominicana, en poder de grupos criminales haitianos, entre ellos la banda 400 Mawozo.
Ante estos hechos, sostuvo que las investigaciones deben ir más allá de los simples transportistas y alcanzar a los organizadores, financiadores y beneficiarios de estas redes, así como a cualquier funcionario cuya participación pueda ser probada mediante las diligencias pertinentes.
Entre las medidas propuestas, destacó la necesidad de armonizar las sanciones de la normativa aduanera con la Ley de Armas, endurecer las penas por reincidencia y añadir medidas accesorias como la inhabilitación para operar en comercio exterior y la confiscación definitiva de los bienes utilizados por las redes de contrabando.
El dirigente afirmó que estas conductas deben recibir una respuesta penal acorde a su gravedad, ya que el tráfico ilícito de armamento supera el simple contrabando comercial y constituye una amenaza directa a la soberanía, la seguridad pública y la estabilidad de la nación.
Además, recordó que la Fuerza del Pueblo ya había exigido una mayor fiscalización de los flujos internacionales de mercancías, así como acciones contra el desempaque ilegal y el desvío de cargas dentro del territorio nacional.
Espinosa insistió en que las autoridades deben ofrecer explicaciones claras sobre las medidas adoptadas para impedir que puertos, aduanas y plataformas logísticas sean utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de armamento.
Finalmente, reiteró que combatir estas redes requiere una respuesta integral del Estado, combinando controles eficientes, investigaciones judiciales, cooperación internacional y una legislación que imponga sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos contra la seguridad nacional.
