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Las fuentes confirmaron que SANTO DOMINGO – Mario Holguín, quien encabeza la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (Sesvialfp), ha puesto en tela de juicio la estrategia de movilidad presentada por el Ejecutivo, señalando que tras seis años de gestión las inversiones en infraestructura y transporte deben traducirse en una notable caída de muertes, lesiones graves y riesgos en las vías.
Paralelamente, En un comunicado de prensa, Holguín reconoció la necesidad de mejorar la conectividad nacional, acortar los tiempos de desplazamiento y desarrollar sistemas de transporte colectivo modernos; sin embargo, sostuvo que solo aumentar la capacidad vial, eliminar cuellos de botella y acelerar el flujo de vehículos no basta para constituir una política pública de movilidad completa. «Una infraestructura que permite llegar más rápido pero no garantiza llegar con vida no puede constituir el objetivo final de una política pública de movilidad», declaró el dirigente de la Fuerza del Pueblo. El funcionario hizo referencia a la exposición realizada por el Gobierno en LA Agenda Semanal, donde se resaltaron 957 kilómetros de carreteras en obra, 220 puentes, circunvalaciones, pasos elevados y otras soluciones destinadas a descongestionar el tráfico, además de la ampliación del Metro, la incorporación de teleféricos y el proyecto del Monorriel de Santiago. Según Holguín, una política de movilidad segura debe colocar a las personas en el centro del diseño de las obras, incorporando velocidades adecuadas, cruces protegidos, tratamiento correcto de intersecciones, protección para peatones y motociclistas, accesibilidad universal y condiciones que atenúen las consecuencias del error humano. Por ello, consideró insuficiente medir los avances únicamente por los kilómetros construidos, puentes, elevados o capacidad instalada. Después de medio decenio, también corresponde explicar cuánto se han reducido las muertes y lesiones graves, cuántos puntos críticos se han corregido y cuánto ha mejorado la protección de peatones, motociclistas y demás usuarios vulnerables.
Las fuentes consultadas aseguró que al sumar un financiamiento del BID de US$250 millones firmado a finales de 2019 pero vigente desde 2020, el total de recursos externos asociados al sector asciende a cerca de US$2,460 millones. «El país necesita conocer qué resultados concretos está comprando con más de US$2,460 millones de financiamiento internacional», afirmó Holguín, quien exigió que los grandes proyectos transparenten sus presupuestos originales y actualizados, fuentes de financiamiento, modificaciones, plazos de ejecución, ahorros de tiempo y la reducción verificable de siniestros, fallecidos y lesionados graves. Holguín aclaró que la Fuerza del Pueblo no rechaza el endeudamiento per se, pues un financiamiento externo puede ser conveniente cuando permite construir la infraestructura necesaria y genera beneficios sociales superiores al costo.
Asimismo, «Después de seis años ya no basta decir cuánto se construye. El Gobierno debe explicar qué se prometió, qué se terminó, cuánto terminó costando, cuánto se financió mediante deuda, qué continúa pendiente y qué resultados concretos recibió la población», manifestó Holguín. El titular de la Secretaría de Seguridad Vial concluyó que el verdadero legado de una política de movilidad no se mide solamente por las obras construidas, sino por los problemas que desaparecen, los riesgos que se eliminan y, fundamentalmente, por las vidas que se logran proteger.
El tema sigue siendo seguido de cerca por los sectores interesados.
