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SANTO DOMINGO – La Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo (FP) señaló graves irregularidades técnicas, jurídicas y financieras en el proyecto de extracción de sedimentos ubicado en la parte posterior de la presa de Hatillo, sobre el río Yuna, y solicitó que se suspendan de inmediato las obras hasta que se aclaren las discrepancias entre los volúmenes autorizados, los contratos firmados y el aprovechamiento comercial del material.
Según explicó Paino Abreu Collado, quien encabeza dicha secretaría, el permiso VSA09-26-00039 otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) permite retirar 100,000 metros cúbicos de sedimento en un periodo de seis meses. Sin embargo, tres convenios suscritos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 establecen un total de 1,330,694 metros cúbicos, lo que equivale a más de trece veces la cantidad autorizada.
Abreu enfatizó que la diferencia se vuelve aún más crítica al considerar el valor comercial de la grava y la arena que se pretenden extraer. La FP estima que la comercialización de esos materiales podría generar aproximadamente RD$1,000 millones, después de deducir los costos estimados de extracción, transporte, procesamiento y venta, y cuestionó la falta de un mecanismo claro, competitivo y transparente que asegure al Estado una mayor participación en esos beneficios.
El dirigente declaró que la Fuerza del Pueblo reconoce la necesidad de recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses mediante la remoción de sedimentos, pero insistió en que la intervención se realice bajo criterios técnicos, ambientales y económicos totalmente transparentes. Además, señaló que aún no se ha definido un esquema que destine una parte de los ingresos a la protección y recuperación de las cuencas hidrográficas, cuya degradación favorece la acumulación de sedimentos.
En este marco, la secretaría exigió una revisión técnica y jurídica urgente del permiso y de las condiciones de ejecución del proyecto, con la participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). También demandó que EGEHID detenga cualquier actividad de extracción, acarreo y entrega de materiales hasta que una comisión técnica evalúe el proyecto y publique sus conclusiones, y requirió a la Dirección de Medio Ambiente que explique por qué el proyecto no fue clasificado como categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024.
Abreu informó que la FP ha pedido a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que investigue posibles infracciones a la Ley 64‑00, a la Dirección General de Contrataciones Públicas que revise el procedimiento EGEHID‑CCC‑LPN‑2025‑0015, y a la Cámara de Cuentas que audite la ejecución de los contratos y los aportes económicos generados.
Asimismo, la Fuerza del Pueblo solicitó una veeduría ciudadana independiente, integrando a las comunidades ribereñas del Yuna, representantes de la Iglesia y del sector académico. Además, respaldó la solicitud de información pública presentada por autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega, que exigen acceso a los contratos, estudios ambientales, documentos técnicos y evidencias de consultas comunitarias vinculadas al proyecto.
Al concluir su intervención, Paino Abreu reiteró que la organización no se opone a la limpieza de la presa de Hatillo, sino a que esa necesidad ambiental se lleve a cabo sin la claridad necesaria sobre los volúmenes, los controles y los beneficios para el Estado. “El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco. Que se publiquen las cuentas, y que cuadren”, afirmó.
