RDalDescubierto
El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a las instituciones competentes que apliquen con toda su fuerza el reciente Código Penal contra quienes participan en el fraude aduanero que se da en la zona fronteriza con Haití, y demandó una pesquisa exhaustiva que permita identificar responsabilidades en cada nivel de la cadena.
Esta postura fue formalizada en un documento firmado por el exdiputado Orlando Espinosa, quien actúa como secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la organización. Espinosa argumentó que la conjunción del nuevo Código Penal con la Ley General de Aduanas 168‑21 brinda instrumentos más duros para perseguir los delitos económicos vinculados al desvío de mercancías en tránsito internacional. Subrayó que las averiguaciones no deben limitarse a los transportistas de última milla, sino que deben rastrear a quienes planifican, facilitan y se lucran con esas maniobras. “Si la autoridad competente ha iniciado algún tipo de investigación, no deben detenerse en el eslabón más débil”, advirtió. Además, señaló que el marco penal actualizado amplía el catálogo de sanciones, pudiendo incluir contrabando, falsificación de manifiestos, ruptura de precintos y soborno a funcionarios.
Según fuentes consultadas, el mismo documento indicó que los ingresos provenientes de la comercialización ilícita podrían dar pie a investigaciones por lavado de activos. Espinosa enfatizó la inclusión de la responsabilidad penal de personas jurídicas en la nueva normativa y pidió que se investigue la posible implicación de corporaciones, agencias aduaneras, compañías de transporte y demás actores empresariales que hayan facilitado o se hayan beneficiado de la operación. En caso de confirmarse responsabilidades, las sanciones para las empresas podrían ir desde el cierre de centros de acopio, almacenes y terminales logísticas hasta la inhabilitación para ejercer actividades de comercio exterior o contratar con el Estado, sin excluir otras penas previstas en el ordenamiento penal.
El secretario también advirtió que, de comprobarse la supuesta trama, el fraude dañaría gravemente la recaudación estatal y causaría perjuicios a comerciantes, importadores, productores y empresarios dominicanos que operan dentro del marco legal. Frente a ello, Fuerza del Pueblo pidió a las autoridades profundizar las averiguaciones para validar la veracidad y el alcance de los hechos denunciados, identificar a los culpables y aplicar con rigor las penas establecidas. Asimismo, exigió reforzar los mecanismos de control, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de la mercancía en tránsito, a fin de impedir que el sistema sea usado como vía para introducir productos irregulares al mercado nacional.
Se esperan nuevos avances sobre este tema en los próximos días.
