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SANTIAGO – Raúl Martínez, quien forma parte de la Dirección Política y ejerce como secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) iniciar una investigación para esclarecer la responsabilidad de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales, cuyo actuar provocó la pérdida de un recurso judicial relativo a terrenos ubicados en la avenida José Contreras, Distrito Nacional.
La solicitud se dio a conocer después de que, este miércoles, una publicación de fuentes periodísticas revelara que el Estado tendría que desembolsar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 m² de suelo, tras la falta de gestión procesal por parte de los abogados de Bienes Nacionales que ocasionó la perención del recurso de casación interpuesto para impugnar la condena.
Martínez argumentó que, ante la magnitud del monto involucrado, no se trata simplemente de un desliz procesal; es imperativo determinar quién tenía bajo su custodia el expediente, cuáles eran los mecanismos de control vigentes y por qué se permitió que el plazo legal venciera sin las actuaciones necesarias para mantener activo el recurso.
“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, declaró Martínez.
Según la información difundida, el Tribunal Superior Administrativo estableció una obligación de pago de RD$2,693,994,196.50 a los sucesores de los antiguos propietarios de los predios. Bienes Nacionales objetó esa cifra, alegando que el balance actualizado rondaba los RD$120.2 millones, pero la Suprema Corte de Justicia no pudo revisar esos argumentos debido a la perención del recurso de casación.
El dirigente subrayó que esa discrepancia refuerza la necesidad de una pesquisa administrativa independiente, pues la inactividad procesal impidió al Estado discutir judicialmente una diferencia superior a RD$2,500 millones.
La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte que declaró extinguido el recurso. Conforme al reporte, durante tres años no se realizó la actuación procesal requerida, a pesar de que la normativa contemplaba mecanismos para evitar la perención.
El secretario de Asuntos Jurídicos precisó que la DIGEIG debe identificar a los funcionarios, abogados y responsables administrativos que estuvieron a cargo del seguimiento del caso durante el periodo de inactividad, y determinar si existieron fallas de supervisión, negligencia u otras conductas que generen responsabilidad administrativa.
Asimismo, consideró esencial averiguar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas oportunamente sobre la situación del expediente y qué controles institucionales estaban operativos para proteger los intereses patrimoniales del Estado en un litigio de tal envergadura.
“Los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos. No es admisible que miles de millones de pesos puedan perderse por una actuación procesal y que simplemente se pase la página sin determinar qué ocurrió y quién tenía la responsabilidad de impedirlo”, enfatizó Martínez.
El opositor sostuvo que la transparencia gubernamental no debe limitarse a declaraciones públicas o evaluaciones institucionales; debe ponerse a prueba precisamente cuando surgen hechos que pueden acarrear un perjuicio económico significativo al patrimonio público.
Martínez instó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a actuar de oficio ante la gravedad de los datos revelados y a presentar al país los resultados de la investigación correspondiente.
“Este caso requiere respuestas. El país tiene derecho a saber cómo un expediente en el que estaban comprometidos casi RD$2,700 millones pudo permanecer durante años sin la actuación procesal necesaria para defender los intereses del Estado”, concluyó.
