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Raúl Martínez, integrante de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, presentó ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) una solicitud formal para iniciar una investigación sobre la conducta de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales, en el contexto de un proceso judicial que involucra terrenos en la avenida José Contreras, Distrito Nacional.
La petición se origina a partir de una pesquisa divulgada por fuentes periodísticas, la cual indica que el Estado tendría que desembolsar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados de tierra, luego de que la falta de actuación de los abogados de Bienes Nacionales provocara la caducidad del recurso de casación que la entidad había interpuesto para impugnar la condena.
Martínez sostuvo que, dadas las sumas en juego, no se trata de un mero error administrativo. Exigió que se aclare quién llevaba el expediente, cuáles eran los mecanismos de supervisión y por qué el plazo legal expiró sin que se ejecutaran las actuaciones necesarias para mantener vigente el recurso.
“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, declaró Martínez.
Según la información citada, el Tribunal Superior Administrativo había fijado en una resolución el monto a pagar a los herederos de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales discrepó de esa valoración, alegando que el balance actualizado rondaba aproximadamente (cifra no especificada). Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia no pudo analizar esos argumentos porque el recurso de casación había quedado perentado.
La diferencia entre ambas cifras supera los RD$2,500 millones, lo que, a juicio de Martínez, hace aún más urgente una investigación administrativa independiente, pues el Estado quedó impedido de controvertir judicialmente una diferencia de tal magnitud. La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte que había declarado extinguido el recurso, y el dirigente señaló que durante tres años no se realizó la actuación procesal requerida para impulsar el expediente.
Ante este escenario, el político solicitó a la DIGEIG identificar a los funcionarios, abogados y responsables administrativos que dieron seguimiento al caso durante ese periodo, determinar si hubo fallas de supervisión, negligencia u otras conductas que generen responsabilidad administrativa, y verificar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas oportunamente y qué controles institucionales existían para proteger los intereses patrimoniales del Estado. “Los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos. No es admisible que miles de millones de pesos puedan perderse por una actuación procesal y que simplemente se pase la página sin determinar qué ocurrió y quién tenía la responsabilidad de impedirlo”, afirmó. Finalmente, pidió que la DIGEIG actúe de oficio y publique los resultados de cualquier averiguación, aseverando: “Este caso requiere respuestas. El país tiene derecho a saber cómo un expediente en el que estaban comprometidos casi RD$2,700 millones pudo permanecer durante años sin la actuación procesal necesaria para defender los intereses del Estado”.
