La encuesta de ACD Media revela que el 66.7 % considera que la institución está peor que hace tres o cuatro años y el 73.3 % entiende que los abusos denunciados son problemas frecuentes.
Santo Domingo.– La Policía Nacional enfrenta una profunda crisis de confianza ciudadana en momentos en que el Gobierno dominicano continúa impulsando un proceso de reforma dirigido a transformar la institución, mejorar la formación de sus agentes y fortalecer su capacidad de respuesta.
La más reciente Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, publicada este lunes 17 de agosto, establece que el 70.1 % de la población tiene una percepción negativa de la Policía Nacional, mientras solo el 27 % expresa una opinión favorable.
Los resultados reflejan que el 42.2 % de los entrevistados posee una percepción “mala” de la institución y el 27.9 % la considera “muy mala”. En sentido contrario, el 24.5 % ofrece una valoración positiva y el 2.5 % una opinión muy favorable, según los datos difundidos.
La medición fue realizada entre el 8 y el 11 de agosto de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas.
El 66.7 % considera que la Policía ha empeorado
La evaluación se vuelve todavía más crítica cuando se compara la situación actual de la Policía Nacional con la existente hace tres o cuatro años.
El 66.7 % de los consultados entiende que la institución se encuentra peor, frente al 22.3 % que percibe alguna mejoría. Otro 9.9 % considera que permanece igual.
Al observar las respuestas detalladas, el 43 % afirma que la Policía está “mucho peor” y el 23.7 % entiende que está “algo peor”. Por el contrario, el 15.9 % la percibe “algo mejor” y apenas el 6.4 % considera que está “mucho mejor”.
Estos resultados representan una advertencia directa para el proceso de reforma policial, debido a que muestran una distancia considerable entre las transformaciones anunciadas oficialmente y la percepción acumulada por una parte mayoritaria de la población.
Aunque una encuesta mide opiniones y no determina por sí sola la eficacia operativa de una institución, la confianza pública constituye un componente esencial para el trabajo policial. Una ciudadanía que desconfía de los agentes puede mostrarse menos dispuesta a presentar denuncias, colaborar con las investigaciones o proporcionar información sobre hechos delictivos.
Abusos son vistos como un problema frecuente
Otro de los hallazgos más importantes es la percepción ciudadana sobre las denuncias de abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y muertes ocurridas durante intervenciones policiales.
El 73.3 % de los entrevistados considera que estas actuaciones representan un problema frecuente dentro de la Policía Nacional. Solo el 21.8 % entiende que se trata de casos aislados.
El resultado muestra que las controversias vinculadas con la conducta de algunos agentes no están siendo interpretadas únicamente como responsabilidades individuales. Una mayoría parece percibirlas como parte de una dificultad institucional que requiere controles, supervisión, transparencia y consecuencias efectivas.
Esa percepción impone un desafío adicional a las autoridades: no basta con separar o investigar a un agente después de un incidente. La ciudadanía demanda señales de que existen mecanismos capaces de prevenir los abusos, proteger a las personas durante los operativos y garantizar investigaciones independientes cuando se producen actuaciones cuestionadas.
Una reforma que todavía no convence a la población
La reforma de la Policía Nacional ha sido presentada por el Gobierno como una de sus principales transformaciones institucionales. El proceso incluye cambios en la formación de los agentes, mejoras salariales, modernización tecnológica, renovación de equipos y revisión de los protocolos de actuación.
También se han anunciado programas orientados a profesionalizar la carrera policial y fortalecer la relación entre los agentes y las comunidades.
Sin embargo, los resultados de ACD Media indican que esas iniciativas todavía no han logrado modificar significativamente la percepción pública. El hecho de que dos de cada tres dominicanos consideren que la Policía está peor que hace varios años revela un problema de resultados, comunicación o ambas cosas.
La reforma puede estar desarrollando cambios internos que todavía no son visibles para la mayoría, pero la percepción ciudadana también se alimenta de la experiencia cotidiana: respuesta ante las denuncias, trato recibido en los destacamentos, presencia en los barrios, investigaciones de hechos delictivos y comportamiento de los agentes durante las intervenciones.
Por esa razón, la transformación institucional no puede medirse exclusivamente a través de nuevas instalaciones, equipos o programas de capacitación. También debe evaluarse mediante indicadores sobre reducción de abusos, resolución de denuncias, disciplina interna, tiempos de respuesta y confianza ciudadana.
La seguridad ocupa un lugar central en la agenda pública
La mala valoración de la Policía se produce en un contexto en el que la delincuencia y la inseguridad figuran constantemente entre las principales preocupaciones de los dominicanos.
La institución es responsable de prevenir delitos, investigar hechos criminales, mantener el orden público y proteger a la población. Cuando su imagen se deteriora, también se debilita la confianza en la capacidad del Estado para garantizar seguridad.
La situación representa un desafío político para el Gobierno, debido a que la Policía es una de las instituciones con mayor contacto diario con la ciudadanía. Cada actuación de un agente puede fortalecer o deteriorar la percepción de toda la organización.
Los resultados también podrían aumentar la presión a favor de cambios en la dirección policial, los protocolos operativos y los mecanismos de control interno. No obstante, sustituir funcionarios sin modificar las prácticas institucionales difícilmente resolvería una crisis de confianza de esta magnitud.
¿Qué necesita la reforma policial?
Los resultados de la encuesta sugieren que el proceso de transformación debe concentrarse en aspectos capaces de producir cambios perceptibles para la población.
Entre ellos figuran la aplicación obligatoria de protocolos sobre el uso de la fuerza, el fortalecimiento de los controles disciplinarios, la capacitación continua de los agentes y la instalación de mecanismos que permitan documentar las intervenciones.
También resulta esencial ofrecer información transparente sobre las investigaciones relacionadas con muertes, heridas o denuncias de abuso durante operativos policiales. La ausencia de explicaciones oportunas puede alimentar la percepción de impunidad, incluso cuando existen investigaciones en curso.
A esto se suma la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los agentes. Una reforma integral debe exigir profesionalidad y respeto a los derechos ciudadanos, pero también garantizar salarios adecuados, apoyo psicológico, jornadas razonables, equipamiento y oportunidades de desarrollo profesional.
Una señal de alarma para las autoridades
La encuesta de ACD Media no demuestra que todos los miembros de la Policía actúen de manera indebida ni invalida los esfuerzos realizados por agentes que cumplen sus funciones dentro de la ley. Sin embargo, sí muestra que la institución, en su conjunto, enfrenta un serio problema de legitimidad ante la ciudadanía.
Que el 70.1 % tenga una percepción negativa, que el 66.7 % considere que la Policía ha empeorado y que el 73.3 % vea los abusos como una dificultad frecuente constituye una señal de alarma que no debería reducirse a una disputa política.
La reforma policial será evaluada finalmente por sus resultados: mayor seguridad, mejor trato a los ciudadanos, menos intervenciones cuestionadas, sanciones efectivas y una institución capaz de recuperar la confianza pública.
Mientras esos cambios no sean visibles en la vida cotidiana, la distancia entre la transformación anunciada y la Policía que percibe la ciudadanía continuará siendo uno de los principales desafíos institucionales de la República Dominicana.
