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Según fuentes locales, en Santiago de los Caballeros el integrante de la Dirección Política y jefe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, declaró que al cumplirse seis años desde la asunción del presidente Luis Abinader, el Ejecutivo ha agotado el plazo de sus promesas y debe responder ante los problemas que siguen afectando a la ciudadanía dominicana.
El dirigente puntualizó que, habiendo consumido ya el 75 % del periodo de ocho años para el cual fue electo, el Gobierno no puede seguir evaluándose a través de anuncios, planes futuros, inauguraciones parciales o obras que aún están en marcha. “Un Gobierno que lleva seis años al mando debe medirse por resultados. No puede seguir pidiendo tiempo ni presentar como logros proyectos inconclusos. Es momento de comparar lo prometido con lo ejecutado”, manifestó.
Martínez subrayó que la pérdida del poder adquisitivo de las familias, el encarecimiento de los alimentos, las fallas en el suministro eléctrico, la escasez de agua potable, así como los problemas en salud, educación, transporte y seguridad ciudadana, forman parte del balance que el Ejecutivo debe explicar al país. “El dominicano valora la economía cuando visita el supermercado, al recibir la factura de luz, al comprar medicamentos, al pagar el transporte o al ver que su salario rinde cada vez menos. Esa es la realidad que ninguna campaña publicitaria puede ocultar”, afirmó.
El funcionario precisó que la inflación interanual superó el límite superior del rango meta fijado por la autoridad monetaria, mientras las tasas activas promedio de la banca múltiple siguen representando una carga pesada para los hogares y los sectores productivos. Señaló que esos indicadores deben analizarse junto a las condiciones económicas cotidianas de las familias dominicanas. “No se puede hablar de éxito cuando miles de hogares deben reducir sus compras, endeudarse para cubrir necesidades básicas o destinar gran parte de sus ingresos al pago de servicios públicos deficientes”, indicó.
En cuanto al sector eléctrico, Martínez cuestionó que, tras medio lustro, el país continúa sufriendo apagones prolongados y una alta carga fiscal para mantener operativa una red que el Gobierno prometió transformar. Remarcó que el Presupuesto General del Estado para 2026 asigna miles de millones de pesos adicionales al subsidio eléctrico. “Después de seis años, el pueblo paga dos veces: la factura y, mediante sus impuestos, los enormes recursos que el Gobierno destina a sostener un sistema que aún no brinda el servicio que los ciudadanos merecen”, declaró.
Las fuentes consultadas recordaron que los santiagueros han soportado durante demasiado tiempo las consecuencias de una obra cuyo cronograma original se quedó muy atrás. Afirmaron que el Gobierno no puede simplemente mover las fechas y actuar como si las promesas anteriores nunca hubieran existido. El dirigente opositor sostuvo que los retrasos en los grandes proyectos forman parte de un problema más amplio, derivado de una gestión que, a su juicio, se caracteriza por anuncios reiterados que luego deben ser modificados o pospuestos.
Martínez añadió que, tras seis años, existen suficientes elementos para exigir al Ejecutivo explicaciones sobre el costo de vida, los servicios públicos, las obras atrasadas, la calidad del gasto y el cumplimiento de sus compromisos. “Se acabó el tiempo de gobernar prometiendo lo que se hará mañana. Después de seis años, Abinader tiene que responder por lo que hizo, por lo que dejó de hacer y por todo aquello que prometió y sigue pendiente”, concluyó.
El asunto continúa siendo monitoreado de cerca por los sectores interesados.
