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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció este lunes un paquete de cinco acciones destinadas a aliviar la actual crisis del arroz, al mismo tiempo que criticó la reciente derogación del Decreto 693‑24 mediante el Decreto 635‑26, aprobada durante la gestión del presidente, y solicitó iniciar negociaciones formales con Estados Unidos y diseñar un plan de modernización que proteja a más de 30 000 productores del sector.
Entre las propuestas, destaca la creación de una Mesa Nacional de Negociación que integre a los distintos actores —productores, gremios, autoridades y representantes del comercio— con la finalidad de consensuar soluciones inmediatas y responder a la urgencia del problema.
El PLD también exige una evaluación integral de la política arrocera aplicada entre 2021 y 2026, pidiendo una rendición de cuentas que detalle las medidas adoptadas, sus resultados y los aprendizajes obtenidos, para corregir desviaciones y ajustar la estrategia futura.
Otro punto central es el llamado a iniciar negociaciones formales con Estados Unidos, con el objetivo de revisar los compromisos comerciales que, según el partido, están mermando la competitividad de la producción nacional y ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Como cuarta medida, el programa extraordinario de modernización busca impulsar la productividad y la competitividad mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de infraestructuras y el apoyo técnico a los agricultores dominicanos.
El PLD exigió al presidente presentar un plan de contingencia que incluya acciones concretas, un calendario de ejecución y un presupuesto definido, garantizando la rentabilidad de los agricultores y manteniendo el arroz a precios accesibles para las familias; como afirmó su vocero, «Con el arroz dominicano no se juega», resaltando la necesidad de decisiones que reduzcan la incertidumbre y protejan la producción nacional frente a los compromisos comerciales vigentes.
La agrupación recordó que, en gestiones anteriores, impulsó mejoras genéticas, aumentó la productividad, modernizó infraestructuras, facilitó financiamiento agrícola, fortaleció la comercialización y gestionó la diplomacia agropecuaria; señaló que esas áreas deben integrarse en una estrategia integral que permita a los más de 30 000 productores, quienes generan más de 300 000 empleos directos e indirectos, competir en igualdad de condiciones y preservar la soberanía alimentaria de la República.
