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La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó este viernes que Washington mantiene una estrategia de «máxima presión» sobre la isla, cuyo fin sería disminuir la capacidad del gobierno cubano para suministrar bienes y servicios esenciales, con la intención de generar irritación en la población, provocar un estallido social y cambiar el orden constitucional.
En su publicación en redes sociales, el canciller afirmó: «Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana», y añadió que las sanciones se concentran, sobre todo, en el sector bancario‑financiero.
Rodríguez criticó la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras dependencias del Tesoro de EE.UU., que habrían impuesto 24 multas a entidades financieras, aseguradoras, de viajes, tecnológicas y de logística de terceros países, por un monto total superior a 4.014 millones de dólares por supuestas violaciones del bloqueo a Cuba.
El diplomático denunció que, entre esas medidas, se prohibió a la entidad financiera Fincimex, perteneciente al conglomerado del Ejército conocido como Gaesa, y a la compañía multinacional American International Services (AIS) procesar remesas desde el 24 de septiembre de 2020.
Al enumerar las empresas cubanas sancionadas, señaló que el Banco Financiero Internacional quedó incluido desde el 1 de enero de 2021, y que se designaron sanciones para instituciones financieras que operan supuestamente bajo Gaesa, con fecha del 23 de junio de 2026.
Asimismo, destacó la «reinclusión de Cuba en la espuria lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo» en 2021 y 2025.
La relación entre Cuba y Estados Unidos atraviesa su fase más tensa en décadas, enmarcada en una profunda crisis interna cubana y una política estadounidense de «máxima presión» iniciada a principios de 2026, que comenzó con un bloqueo al petróleo y sanciones desde mayo que ahuyentan a inversores extranjeros.
La economía de la isla se halla prácticamente paralizada por la crisis energética, tras registrar una contracción del 15 % entre 2020 y 2025; analistas independientes advierten que este año podría registrar una caída adicional de hasta el 6,5 %.
El endurecimiento de la presión estadounidense está generando un evidente costo social: los frecuentes apagones dificultan una vida cotidiana mínima, el transporte público ha desaparecido, los hospitales funcionan con recursos escasos, la industria está paralizada y, con los cortes de energía, bancos, oficinas estatales y telecomunicaciones apenas operan.
Los precios han experimentado aumentos generalizados, sobre todo en alimentos y medicamentos que se comercializan en mercados informales.
El descontento social se manifiesta cada vez con mayor frecuencia mediante protestas pacíficas, cacerolazos y quema de basura nocturna por grupos de decenas de personas que reclaman energía eléctrica, agua y gas; en varias ocasiones la policía ha intervenido para reprimir dichas manifestaciones.
