Santo Domingo, República Dominicana – El Colegio de Abogados de la República Dominicana manifestó una seria inquietud ante lo que percibe como una creciente vulneración de las garantías del debido proceso, sobre todo en lo concerniente a la duración razonable de los juicios penales y al cumplimiento de los plazos máximos para la extinción de la acción penal.
En una entrevista concedida a un programa matutino de televisión, el abogado Trajano Potentini alertó que en la administración de justicia penal del país se ha extendido una práctica alarmante: varios procesos permanecen abiertos mucho más allá de los límites que marca la normativa, llegando a superar los cinco años sin siquiera haber concluido la primera instancia. Citó como ejemplo el caso del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, cuyo expediente colosal parece imposible de conocer sin quebrantar el plazo máximo legal.
El propio escrito de acusación supera las 12.274 páginas, lo que implicaría que, para revisarlo íntegramente, sería necesario disponer de semanas y semanas en un tribunal dedicado exclusivamente a esa tarea.
Según la legislación, cada imputado puede contar con un máximo de tres abogados para su defensa. Si se consideran los 63 acusados del caso, se requerirían al menos 189 defensores, número que no cabría en ningún estrado y que dificultaría enormemente la coordinación y el tiempo de intervención.
El Ministerio Público ha presentado más de 3.500 pretensiones probatorias; en teoría, cada imputado podría responder con la misma cantidad de pruebas, lo que genera cifras desproporcionadas e inmanejables.
El principio constitucional de igualdad de armas, consagrado también en el Código Procesal Penal, garantiza que los acusados puedan proponer el mismo número de testigos que la Fiscalía, que ha presentado 400. De concretarse, estaríamos hablando de entre 25 y 30 mil testigos en total, una cifra inviable para cualquier audiencia.
Esta situación imposibilita que los testigos se presenten en la sala de audiencias en el momento que les corresponde, pues habría que esperar su turno entre miles de personas. El Poder Judicial tendría que adecuar espacios y logística capaces de albergar tal masivo número sin entorpecer sus funciones cotidianas.
Potentini sostuvo que este escenario demanda una profunda reflexión del sistema judicial, ya que la dilación indefinida de los procesos vulnera principios esenciales del Estado de Derecho, como la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la garantía de una decisión en un plazo razonable.
El vocero del gremio legal advirtió que se está interpretando erróneamente el uso de recursos, incidentes y demás mecanismos procesales como intencionalmente dilatorios, una postura que el Dr. Carlos Balcacer también critica por sus posibles efectos negativos sobre la práctica de la abogacía.
En la línea de esa crítica, el CARD subrayó la necesidad de diferenciar claramente entre una acción claramente abusiva que busca obstaculizar el proceso y el legítimo ejercicio de los instrumentos que la ley brinda a las partes para proteger sus derechos; la mera interposición de recursos no debe equipararse a una estrategia dilatoria.
Potentini lamentó que, pese a los esfuerzos de las partes involucradas, el caso emblemático probablemente concluya con la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo razonable, dadas las numerosas trabas procesales identificadas.
En su análisis, indicó que la eficacia de la persecución penal no se mide por la extensión del expediente, el número de testigos o la cantidad de pruebas, sino por la capacidad de conducir procesos ágiles, manejables y compatibles con la obligación estatal de perseguir delitos y respetar las garantías fundamentales.
Instó a los órganos encargados de la persecución penal a valorar, desde la fase investigativa, la viabilidad procesal de las acusaciones, de modo que puedan ser conocidas de forma efectiva y dentro de márgenes temporales razonables.
Para cerrar, Potentini abordó temas como la puesta en marcha del nuevo Código Penal, el incremento salarial ilegal de los miembros del Consejo del Poder Judicial y la relevancia de la evaluación, selección y renovación de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
