@abrilpenaabreu
La denuncia sobre Albert Javier Aquino en el destacamento de Manoguayabo exige una respuesta seria. Según su relato, permaneció detenido durante tres días y posteriormente fue liberado sin que se le formularan cargos. Además, denuncia que no le devolvieron sus documentos ni su tarjeta bancaria y que, mientras estaba detenido, aparecieron consumos para comprar comida, incluido pica pollo.
La detención denunciada merece por sí sola una investigación. Que nos hayamos acostumbrado a escuchar casos similares no los hace aceptables. Pero el supuesto uso de una tarjeta que estaba entre las pertenencias retenidas añade una gravedad que no puede despacharse con un «no aparecen sus cosas».
Si esos consumos se hicieron sin su autorización, hay que establecer quién recibió sus pertenencias, quién debía custodiarlas y quién tuvo acceso a ellas. La investigación debe abarcar la cadena de mando y al personal de servicio durante esos tres días, para determinar responsabilidades individuales.
Los registros bancarios, los comprobantes de compra y las cámaras de los establecimientos pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido. La Policía y el Ministerio Público deben actuar antes de que se pierdan esas evidencias.
Albert Aquino merece recuperar sus pertenencias y recibir una explicación. Si se confirma lo denunciado, devolverle los documentos no bastará: tendrá que haber consecuencias.
La autoridad que retiene las pertenencias de un ciudadano tiene que responder por ellas. Un destacamento debe ofrecer seguridad, y eso empieza por garantizar que lo que entra bajo custodia salga íntegro.
