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Durante una sesión convocada por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), dirigentes de los sectores médico, periodístico, jurídico e ingenieril manifestaron sus preocupaciones sobre la posible responsabilidad penal, la seguridad jurídica y el efecto que ciertas disposiciones del nuevo Código Penal podrían tener en el ejercicio de sus profesiones.
El encuentro se insertó dentro del Gran Panel del I Seminario Nacional de ADOCCO, realizado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, bajo la conducción de Freddy Ángel Castro. En el panel participaron Luis Pérez Nova, del Colegio Dominicano de Periodistas; Luis Alberto Peña Núñez, del Colegio Médico Dominicano; Víctor Torres Rosa, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores; y Trajano Vidal Potentini, del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Pérez Nova subrayó que la práctica periodística debe sustentarse en la ética, la responsabilidad y la verificación meticulosa de la información, sobre todo ante las nuevas consecuencias penales. Recalcó que los comunicadores no deben temer ejercer su labor, condenó la difusión de datos sin contrastar y anunció la intención de reformar la normativa interna del Colegio de Periodistas para alinearla con las exigencias actuales.
Por su parte, Peña Núñez advirtió que varios artículos del Código podrían incentivar la denominada medicina defensiva, encareciendo los servicios de salud para la población. Señaló que la disparidad de recursos entre centros médicos obliga a valorar la práctica clínica teniendo en cuenta las condiciones reales de atención, y recordó la acción directa de inconstitucionalidad que el Colegio Médico interpuso contra varios preceptos.
Torres Rosa centró su intervención en la necesidad de reforzar la calidad técnica y la ética en la construcción, enfatizando que ingenieros, arquitectos y agrimensores deben asumir la responsabilidad de sus decisiones aun cuando trabajen para una empresa. Instó a profundizar en el estudio de las normas aplicables y a fortalecer los mecanismos de prevención de errores para garantizar la seguridad estructural.
Vidal Potentini reconoció la urgencia de modernizar la legislación penal, pero criticó la redacción excesivamente amplia de ciertos delitos, la cual, según él, genera incertidumbre jurídica. Indicó que la ampliación de conductas sancionables y la acumulación de penas podrían saturar los tribunales y el sistema penitenciario, y puso especial atención en la figura del ultraje jurisdiccional, que podría limitar el discurso forense de los abogados.
Al concluir el panel, los participantes coincidieron en que, pese a sus diferencias, la ética y la responsabilidad profesional son pilares comunes. Reiteraron su disposición a presentar recursos de inconstitucionalidad y a mantener un diálogo con el Gobierno, que mostró apertura para recibir observaciones y ajustar el texto penal mediante un proceso participativo.
En síntesis, la jornada sirvió como espacio de análisis y debate sobre los retos que plantea la reforma penal al desempeño profesional en la República Dominicana, resaltando la importancia de contar con un marco legal que garantice seguridad jurídica sin obstaculizar la labor de médicos, periodistas, ingenieros y abogados.
