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Las autoridades iraníes comunicaron haber recibido el miércoles una contestación oficial de los Estados Unidos a la última iniciativa de Teherán para terminar el conflicto de siete meses, iniciativa que había sido rechazada públicamente por el presidente Donald Trump pocos días antes.
No se reveló el contenido de dicha respuesta ni si se trataba de una negativa o de otra posición.
El canciller Abbas Araghchi entregó la respuesta estadounidense al presidente Masoud Pezeshkian durante una sesión del gabinete, según informó la vocera del gobierno Fatemeh Mohajerani a la agencia estatal de noticias.
El mandatario aseguró que «haremos todo lo posible para llevar el acuerdo a buen término y defenderemos con firmeza los derechos del pueblo iraní», añadiendo que el pacto debe basarse en una estrategia donde todos ganemos.
Esa reunión del gabinete se realizó después del regreso de Araghchi a Irán, tras su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana anterior.
En Washington, funcionarios iraníes mantuvieron conversaciones indirectas con sus homólogos estadounidenses y también se reunieron con mediadores de Qatar y Pakistán en el marco de la cumbre anual de líderes mundiales.
Araghchi informó a los miembros del gabinete sobre su agenda en Nueva York, incluyendo las condiciones que Irán ha planteado para reabrir el estrecho, las cuales, según Mohajerani, fueron transmitidas a través de los mediadores.
El canciller declaró que Irán estaría dispuesto a reabrir la vía marítima en una semana si Estados Unidos aceptara levantar el bloqueo a los puertos iraníes, liberar los activos congelados y eximir de sanciones las ventas de petróleo iraní, entre otras exigencias.
El presidente Trump rechazó de inmediato la propuesta, argumentando que Irán buscaba un acuerdo porque estaba «perdiendo mucho», pero calificó la oferta como «inaceptable».
A pesar del rechazo público de Trump, los intermediarios continuaron trabajando con ambas partes para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a los combates y abra el estrecho, según fuentes anónimas que prefirieron no ser identificadas.
La autoridad fiscal de los Estados Unidos dio a conocer el martes una nueva serie de sanciones contra individuos y empresas de todo el mundo acusados de ser facilitadores financieros o habilitadores de la cadena de suministro militar de Irán.
Esta medida forma parte de la campaña conocida como «Operación Paria Económica», cuyo objetivo es cortar las líneas de vida financieras críticas del gobierno iraní, que ya está sometido a fuertes sanciones.
Diez personas y entidades con sede en Irán, Hong Kong y Pakistán fueron incluidas en la lista sancionadora por supuesta adquisición de armas y componentes para el Ministerio de Defensa iraní, que lleva a cabo la guerra de siete meses contra Estados Unidos.
La economía iraní, que ya mostraba una presión considerable antes del estallido del conflicto, ha descendido aún más desde que la guerra comenzó a finales de febrero.
El rial alcanzó el martes un nuevo mínimo histórico, con comerciantes de la capital cambiando más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense, reflejando la erosión constante de la economía causada por la contienda.
Este descenso se dio apenas 27 días después de que el tipo de cambio alcanzara el récord anterior de 2,2 millones por dólar el 2 de septiembre, y la moneda ha batido sucesivos mínimos desde febrero.
Trump afirmó el martes que Irán está «fracasando muy mal, muy mal» y pronosticó que la guerra terminará «muy, muy pronto».
Al inicio del conflicto, el mandatario había anticipado que la confrontación duraría solo unas semanas; ahora espera que se prolongue al menos hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE. UU., previstas para el 3 de noviembre.
Los precios de los medicamentos en Irán se han disparado, dificultando la adquisición de varios tratamientos, mientras el bloqueo estadounidense y el endurecimiento de las sanciones aprietan a la industria farmacéutica nacional.
Algunos fármacos han visto triplicar su precio, agravando la situación de los ciudadanos siete meses después del inicio de la guerra, mientras los alimentos y otros bienes básicos también han subido de forma vertiginosa, en un contexto de creciente desempleo y una moneda que ha perdido la mitad de su valor.
El conflicto se ha convertido en una prueba de resistencia económica: Teherán ha intentado impulsar los precios mundiales de la energía mediante ataques a rutas marítimas de petróleo en la región, mientras Washington busca destruir la economía iraní bloqueando sus puertos desde junio e imponiendo sanciones cada vez más severas.
El miércoles, las autoridades iraníes ejecutaron a dos hombres condenados por su participación en disturbios violentos durante las protestas de enero, según informó la agencia estatal de noticias.
El poder judicial declaró que los ejecutados habían tomado parte en disturbios en la ciudad nororiental de Mashhad que dejaron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad muertos a principios del año, y sus sentencias de muerte fueron llevadas a cabo la mañana del miércoles.
Los alborotos comenzaron el 28 de diciembre, motivados por el colapso del rial y el deterioro económico, y se expandieron rápidamente por todo el país, con manifestantes exigiendo el derrocamiento de la República Islámica, lo que provocó una represión mortal por parte de las autoridades.
