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La doctora Penélope Gómez, quien preside la Filial Santiago del Colegio Médico Dominicano, ha advertido que resulta imperativo revisar el actual esquema de atención del alumbramiento en el país, pues la proporción de cesáreas se mantiene en niveles elevados y diversos factores médicos, económicos, culturales y legales inciden en la decisión del método de nacimiento.
Desde su doble perspectiva de madre y profesional de la salud, la académica subrayó que el análisis de la alta tasa de cesáreas debe llevarse a cabo con sensibilidad y objetividad, evitando señalar culpables entre médicos, pacientes o instituciones sanitarias.
Gómez reconoce que la cesárea constituye una herramienta vital de la medicina moderna, capaz de proteger la vida tanto de la madre como del recién nacido cuando existen indicaciones clínicas claras; sin embargo, insiste en indagar las causas que la han convertido en una práctica tan extendida dentro del sistema de salud dominicano.
Respecto a la presión que sufren los gineco‑obstetras, la experta explicó que muchos se desempeñan bajo una carga asistencial enorme, sobre todo en hospitales cuyas salas de parto están saturadas. A este escenario se suma la medicina defensiva, impulsada por el temor a complicaciones y a posibles litigios, lo que posiciona a la cesárea como una alternativa que ahorra tiempo y parece presentar menores riesgos en contextos complejos.
La doctora también resaltó el componente cultural del fenómeno: varias familias consideran la cesárea como una opción más segura, moderna o menos dolorosa, y prefieren fijar una fecha concreta para el nacimiento. La ausencia de programas de educación prenatal adecuados, según ella, alimenta temores hacia el parto vaginal y limita la preparación de las futuras madres.
En cuanto al esquema de remuneración, la especialista argumentó que el modelo vigente privilegia la paga de procedimientos quirúrgicos que pueden concluir en breve, mientras que el parto vaginal exige que el obstetra permanezca durante muchas horas acompañando a la paciente. Esta disparidad debería revisarse para eliminar incentivos económicos que favorezcan una vía de nacimiento sobre la otra.
Gómez propuso a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tres líneas de acción: (i) establecer un honorario médico justo, digno e indexado para el parto vaginal, equiparable al de la cesárea; (ii) crear un incentivo económico que reconozca el tiempo y la dedicación del obstetra durante el trabajo de parto; y (iii) ofrecer estímulos a los centros de salud que logren resultados maternos y neonatales seguros mediante una priorización adecuada del parto vaginal cuando sea clínicamente apropiado.
Dentro de su plan, la presidenta del CMD Santiago abogó por revitalizar la formación y el uso de enfermeras obstétricas o matronas. Estas profesionales no sustituirían al gineco‑obstetra, sino que reforzarían el trabajo en equipo en las maternidades, brindando acompañamiento continuo a mujeres embarazadas de bajo riesgo, humanizando la atención y aliviando la carga asistencial de los médicos.
En conclusión, la doctora afirmó que la transformación de la atención del parto requiere la colaboración coordinada de profesionales de la salud, autoridades, centros asistenciales y familias. Una combinación de educación prenatal, condiciones laborales justas, participación de enfermeras especializadas y mecanismos de remuneración equilibrados podría mejorar la experiencia del nacimiento y la calidad de la atención materna. “Transformar la manera en que nacen nuestros niños no es una tarea de un solo sector”, subrayó, llamando a construir un modelo donde la seguridad médica, el acompañamiento humano y la dignidad de las madres sean pilares centrales.
