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La SAJ de la Fuerza del Pueblo organizó en la circunscripción 1 de Santo Domingo Este una sesión enfocada a investigar, tramitar y sancionar posible uso irregular de bienes y fondos estatales con fines electorales.
Ese mismo día sábado se dio una presentación titulada “Uso de los recursos del Estado en campañas electorales: investigación, procedimiento y régimen de consecuencias”, a cargo de Surún Hernández, quien describió los instrumentos legales para detectar irregularidades, los pasos procesales y las penas aplicables al uso indebido de recursos públicos en actividades político-electorales.
Al evento asistieron dirigentes políticos, abogados y miembros de las estructuras territoriales de la Fuerza del Pueblo, dentro de un programa de capacitación jurídica orientado a reforzar la vigilancia y defensa electoral del movimiento.
En representación del doctor, titular de la SAJ y parte de la Dirección Política, intervino el doctor, integrante de la Dirección Central y presidente de la Comisión de Organización Territorial de la SAJ.
El señor Rivera manifestó que el tema del empleo de recursos estatales reviste especial relevancia, pues considera que la competencia electoral solo es democrática cuando todos los participantes obedecen a las mismas normas.
“El Estado no debe actuar como un comité de campaña financiado con el dinero de los ciudadanos. Los recursos públicos son del pueblo dominicano y su uso para obtener ventajas electorales rompe la equidad, degrada las instituciones y afecta la legitimidad del proceso democrático”, afirmó Rivera.
El encargado jurídico agregó que la Fuerza del Pueblo está formando equipos capaces de registrar, denunciar y perseguir, por vías institucionales, cualquier conducta que vulnerara la normativa electoral.
“No basta con lanzar una denuncia política. Es necesario identificar la infracción, preservar pruebas, sustentar jurídicamente cada caso y acudir a los organismos competentes. Esa es la tarea que nos ha encomendado el compañero Raúl Martínez desde la SAJ”, subrayó.
Rivera puntualizó que el objetivo de la SAJ es contar con una estructura jurídica territorial preparada para actuar antes, durante y después del proceso electoral.
“Si se detecta una nómina pública usada para campaña, un vehículo del Estado al servicio de intereses partidarios o cualquier recurso de los contribuyentes empleado para inclinar la competencia, debe existir un equipo jurídico listo para investigar, documentar y exigir sanciones. El poder público no concede permiso para apropiarse electoralmente del Estado”, enfatizó.
La jornada también contó con la bienvenida del vicesecretario de la SAJ y coordinador de los abogados de la Circunscripción 1, así como el saludo del presidente de la Fuerza del Pueblo en esa demarcación.
La estructura jurídica territorial está integrada por responsables de organización, capacitación legal, asuntos contencioso-electorales, derecho público, derecho privado, asuntos gremiales y otras áreas destinadas al trabajo jurídico y electoral.
El evento tuvo lugar en la sede de la Fuerza del Pueblo en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este y concluyó con una ronda de preguntas y respuestas enfocada en los mecanismos legales e institucionales vinculados al uso de recursos públicos durante los procesos electorales.
