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La Dirección General de Aduanas (DGA) confiscó 253,523 unidades de productos falsificados durante una operación estratégica cuyo objetivo es frenar el comercio ilegal, proteger a los consumidores y reforzar la legalidad y la transparencia del mercado.
Entre los bienes incinerados se encontraban chancletas, mochilas, carteras, tenis, correas, lentes, juguetes y demás artículos que exhibían signos distintivos protegidos por la normativa de la República Dominicana.
Nelson Arroyo, director de Aduanas, indicó que la iniciativa busca robustecer los sistemas de control aduanero para impedir la entrada de mercancías ilícitas, salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de los titulares de marcas y consolidar la confianza en el comercio formal.
“Hoy, destruimos más de 253 mil mercancías falsificadas retenidas por la Dirección General de Aduanas por violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Esta acción refleja nuestro compromiso con la legalidad, la protección de los consumidores y el fortalecimiento del comercio formal”, manifestó Arroyo.
“Durante el primer semestre de 2026, hemos retenido más de siete millones de unidades vinculadas a posibles infracciones de propiedad intelectual. Este resultado demuestra el fortalecimiento de nuestros controles y la prioridad que hemos dado a la lucha contra el comercio ilícito”, afirmó.
Arroyo subrayó, además, que estas medidas contribuyen a afianzar la reputación de la República Dominicana como un país comprometido con la defensa de la propiedad intelectual y el cumplimiento de normas internacionales.
La jornada fue dirigida por el director general Nelson Arroyo y contó con la participación de representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI) y otras entidades vinculadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La DGA sigue cooperando con autoridades nacionales, organismos internacionales y sectores afines a la propiedad intelectual para intensificar la lucha contra el comercio ilícito, proteger a los consumidores y promover un mercado cada vez más seguro, transparente y competitivo en beneficio de toda la sociedad dominicana.
