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Desde Santo Domingo, la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIAL‑FP) manifestó dudas sobre los resultados del programa social Moto‑Beneficio (MOTOBEN) y solicitó al Ejecutivo que aclare la administración de los recursos públicos destinados a los motoconchistas.
En una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el vicesecretario de Seguridad Vial Erick Mejía Merán, en calidad de vocero de una comisión de SESVIAL‑FP, exigió al Gobierno que precise cuál fue el objetivo inicial de MOTOBEN, la inversión total acumulada desde su lanzamiento, quiénes han sido los beneficiarios y los resultados tangibles que el programa ha producido.
“Queremos saber cuánto se ha invertido, cómo se han utilizado esos recursos, quiénes han sido beneficiados y, sobre todo, cuáles son los resultados que puede mostrar MOTOBEN”.
El funcionario explicó que la misión de SESVIAL‑FP es determinar la finalidad actual del programa, los objetivos que se establecieron al inicio y el nivel de cumplimiento de los propósitos para los que fue creado.
Señaló que las interrogantes surgieron a raíz de una investigación interna de la comisión y de una solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual se pidieron datos sobre los recursos asignados y ejecutados, las fuentes de financiamiento, los beneficiarios, los criterios de selección, las instituciones responsables, los mecanismos de ejecución y los resultados obtenidos.
“Hay una pregunta fundamental que el Gobierno debe responder: ¿MOTOBEN está cumpliendo realmente la finalidad para la cual fue creado?”.
Precisó que la petición no constituye una acusación de corrupción ni de malversación contra funcionarios o entidades, sino una demanda de mayor transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas respecto al manejo de los fondos públicos.
“Si se han destinado recursos públicos a los motociclistas, el país tiene derecho a conocer cuánto se ha invertido, cómo se ha utilizado, quiénes han sido beneficiados, qué objetivos se han alcanzado y qué resultados pueden ser comprobados”.
Mejía Merán sostuvo que los motoconchistas precisan más que simples comunicados o programas en papel; requieren políticas públicas efectivas y medibles que se traduzcan en mejoras en la seguridad vial, la formalización, las condiciones laborales y la calidad de vida.
En representación de la Fuerza del Pueblo, solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que efectúe una auditoría especial sobre los recursos públicos destinados entre 2020 y 2026 a programas, proyectos, subsidios y acciones dirigidas a los motociclistas dominicanos.
Asimismo, reclamó la entrega de un informe público que permita evaluar la ejecución financiera de dichos recursos, determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados y respetar la protección de datos personales establecida por la normativa vigente.
La comisión anunció que seguirá vigilando MOTOBEN y continuará requiriendo la información necesaria para determinar el alcance, la ejecución y los resultados que el programa haya generado.
“Queremos documentos, cifras, auditoría y resultados. Defender a los motociclistas también significa exigir que los recursos destinados a ellos sean transparentes, que los programas cumplan su propósito y que el Gobierno pueda demostrar, con hechos, sus resultados”.
