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El marcado nivel de abstención observado en las elecciones de 2024 activó una señal de alerta sobre la implicación ciudadana en la República Dominicana; Pablo Vicente, quien preside la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), considera que es momento de pasar del mero diagnóstico a la formulación de una estrategia concreta antes de los comicios de 2028.
Vicente fundamenta su planteamiento en los resultados del estudio sobre abstención electoral elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) a través de la Comisión de Apoyo al Proceso Electoral (CAPEL), a solicitud de la Junta Central Electoral (JCE). El informe indica que la tasa de abstención alcanzó el 45.6 % en 2024, mientras la participación nacional se situó en 58.6 %; la cifra fue aún más baja entre los dominicanos residentes en el exterior, con apenas un 19 % de los electores de la diáspora emitiendo su voto.
El dirigente de la sociedad civil advirtió que el principal riesgo es que ese diagnóstico quede archivado como un simple documento sin aplicación práctica. Por ello, insistió en la necesidad de construir una hoja de ruta que asigne responsabilidades, defina prioridades y trace acciones específicas para atacar las causas de la abstención antes de las elecciones de 2028.
Según Vicente, los datos revelan que el alejamiento de las urnas no se explica sólo por apatía. Un 47 % de los encuestados manifestó que las opciones políticas representan “más de lo mismo”, mientras que un 74 % sigue apoyando la democracia como forma de gobierno, lo que abre una ventana para impulsar cambios que respondan a esas expectativas. Además, el especialista subrayó que la carga no puede recaer exclusivamente en la JCE; partidos y candidatos también deben asumir su parte, enfocándose en recuperar la confianza ciudadana, reforzar la educación cívica, acercar sus propuestas a las demandas sociales, eliminar obstáculos que dificultan el voto y facilitar progresivamente la participación de los dominicanos en el exterior.
Finalmente, Vicente propone que la hoja de ruta se elabore de manera conjunta entre la JCE, los partidos políticos, la sociedad civil, la academia y otros actores relevantes, estableciendo metas claras y mecanismos de seguimiento. Advierte que esperar hasta 2028 sería un error; el tiempo es suficiente para actuar, pero no se debe postergar la puesta en marcha de políticas que revitalicen la participación electoral.
