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La justicia de Ecuador desestimó el habeas corpus presentado para impedir la captura del exmandatario Abdalá Bucaram, quien debe comparecer ante un tribunal que dictará sentencia en un proceso por presunta delincuencia organizada.
La petición fue interpuesta por María Rosa Pulley, esposa del expresidente, quien alegó que la orden de detención pone en riesgo la vida y la salud de Bucaram, dada su edad avanzada y una grave condición cardíaca.
Los magistrados de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazaron esos argumentos y confirmaron que sigue vigente la orden de detención emitida por una sala de Quito, según fuentes periodísticas.
Dicha orden se emitió el pasado jueves después de que, por sexta vez, no se lograra celebrar una audiencia en la que los jueces pretendían anunciar su decisión sobre el caso.
Frente a los constantes aplazamientos, los jueces ordenaron que la Policía mantenga vigilancia permanente alrededor del centro hospitalario donde se encuentra Bucaram y que lo detenga tan pronto como reciba el alta médica.
El exmandatario ha invocado problemas de salud para eludir las audiencias. El 26 de agosto, sus abogados y familiares comunicaron que fue ingresado de urgencia tras una intervención cardíaca.
Aunque fue dado de alta poco después, volvió a ser internado en otro establecimiento el lunes siguiente, coincidiendo con la fecha prevista para la audiencia; la diligencia se trasladó al jueves, pero sus defensores volvieron a indicar que Bucaram seguía hospitalizado por no haber recuperado la intervención.
La Fiscalía ecuatoriana acusa a Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo Bucaram y a dos personas más de haber colaborado, entre marzo y agosto de 2020, con una organización dedicada a lucrar con la venta de pruebas para detectar COVID‑19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
Según la investigación, la red habría comercializado alrededor de 21 000 pruebas diagnósticas para el coronavirus, además de diversos productos utilizados en el sistema de salud.
Las autoridades indican que dos ciudadanos israelíes participaron en el traslado de dichas pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia una vivienda vinculada al expresidente; uno de ellos fue asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
La Fiscalía también señala que Bucaram habría almacenado otros insumos médicos, entre ellos mascarillas y lancetas para la toma de muestras.
El proceso judicial se inició formalmente, aunque la causa ha sufrido numerosos aplazamientos desde 2022; hasta la fecha, aproximadamente 50 personas —peritos y testigos— han comparecido, y sus declaraciones constituyen parte de las pruebas que sustenta la acusación.
Con el rechazo del habeas corpus, la orden de detención sigue vigente y las autoridades esperan poder trasladar a Bucaram ante el tribunal para que escuche la sentencia que corresponde.
