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Los dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santiago de los Caballeros denunciaron al gobierno del Partido Revolucionario Moderno que ha intensificado la crisis del sector eléctrico, al señalar que los cortes de energía, el aumento de las facturas y la delicada situación financiera de las empresas distribuidoras son consecuencia de seis años de improvisación y gestión deficiente.
La acusación se presentó en una rueda de prensa encabezada por el presidente provincial Demóstenes Martínez y el presidente municipal Hamlet Otáñez, ingeniero, con la participación adicional del ingeniero Félix Tavárez, vicesecretario de Energía de la organización, integrante de la Dirección Central y Municipal de Santiago y exadministrador general de EDENORTE.
Martínez enfatizó que la tragedia eléctrica no puede reducirse a simples indicadores o balances; sus efectos se perciben día a día en los hogares, los pequeños comercios, los comerciantes y las empresas de la región.
El dirigente provincial resaltó las quejas de usuarios que denuncian facturaciones y refacturaciones por montos que, según afirman, no coinciden con sus patrones habituales de consumo, así como nuevos saldos cuya procedencia, según los afectados, no ha sido explicada de forma satisfactoria. La oposición señaló que resulta especialmente alarmante que estos reclamos se presenten mientras numerosos sectores siguen reportando interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.
Para la Fuerza del Pueblo, la combinación es incongruente: la ciudadanía recibe menos energía, sufre más apagones y, al mismo tiempo, debe enfrentar facturas que consideran desproporcionadas.
En el plano técnico, el ingeniero Félix Tavárez afirmó que ya no es viable que el Gobierno atribuya la situación actual a problemas heredados, pues seis años constituyen tiempo suficiente para diseñar políticas, efectuar inversiones, modernizar redes, reducir pérdidas y profesionalizar la administración de las compañías distribuidoras.
Según los indicadores del sector, las pérdidas de las tres empresas distribuidoras alcanzaban alrededor del 40 % en mayo de 2026, lo que implica que una parte importante de la energía adquirida no se traduce en ingresos reales para dichas empresas. Tavárez advirtió que esa ineficiencia no desaparece en los libros contables, sino que se cubre con recursos públicos, y por ende es pagada directa o indirectamente por todos los dominicanos. Además, destacó que el déficit de las distribuidoras pasó de aproximadamente US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025, casi tres veces la cifra con la que inició la actual administración.
La FP calculó que, entre 2020 y mayo de 2026, el Estado destinó cerca de US$8,450 millones, equivalentes a aproximadamente RD$500,000 millones, para cubrir el déficit de las EDE, y exigió que el Gobierno explique qué resultados concretos se han obtenido con esos recursos, dado que persisten los apagones, las pérdidas y las quejas por facturación.
En cuanto al subsidio eléctrico, la organización llamó la atención sobre el rápido consumo de los fondos asignados. En los primeros seis meses de 2026, las distribuidoras solicitaron RD$68,744 millones, lo que representa el 74.3 % de los RD$92,475.8 millones presupuestados para todo el año; de mantenerse esa tendencia, el gasto anual podría superar los RD$137,000 millones, intensificando la presión sobre las finanzas públicas.
Tavárez cuestionó que, frente a tal deterioro financiero, la solución sea trasladar mayores costos al consumidor sin haber resuelto antes las pérdidas, la eficiencia administrativa y la calidad del servicio.
El dirigente opositivo reiteró: “El problema ya pertenece a este Gobierno”, argumentando que, después de seis años de gestión del PRM, resulta políticamente insostenible seguir culpando a una supuesta herencia. Señaló que la situación actual es producto de decisiones, inversiones, nombramientos, prioridades y políticas ejecutadas durante la presente administración, por lo que corresponde al Gobierno asumir plenamente sus consecuencias.
Las direcciones de la FP en Santiago demandaron una auditoría profunda de la gestión de las empresas distribuidoras, mayor transparencia en las inversiones realizadas, reforzamiento de las redes, mecanismos efectivos de protección al consumidor y metas verificables para reducir las pérdidas.
Asimismo, exigieron que las denuncias por facturación sean investigadas con criterios técnicos y claridad, de modo que ningún ciudadano tenga que pagar consumos que no puedan ser respaldados por mediciones confiables.
Para la oposición, la crisis eléctrica constituye hoy uno de los ejemplos más claros de la brecha entre el discurso de eficiencia del Gobierno y la realidad que vive la población: más recursos públicos comprometidos, mayores pérdidas, más reclamaciones y un servicio que sigue generando inconformidad en hogares y sectores productivos.
