El Tribunal Superior Electoral (TSE) negó la petición que pretendía detener la entrega de la aportación estatal a los partidos políticos para el ejercicio 2026.
La acción fue interpuesta el 3 de agosto de 2026 por el proyecto Visión Nación (PVN), contra la Resolución 01‑2026 emitida por la Junta Central Electoral (JCE), la cual fija los importes que deben recibirse ese año.
Aunque el juzgado aceptó formalmente la solicitud por estar presentada conforme a la normativa vigente, los magistrados concluyeron que no se cumplían los supuestos exigidos en el artículo 160 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales para otorgar la medida cautelar.
Según esa norma, el solicitante debe probar la verosimilitud del derecho invocado, demostrar un perjuicio inminente de difícil reparación y que el objeto de la cautela coincida exactamente con la acción principal, requisitos que el TSE consideró ausentes.
Asimismo, el tribunal desechó el argumento de inadmisión que la JCE había presentado, el cual cuestionaba la legitimidad de la organización demandante para intervenir en el proceso.
Los magistrados aclararon que, según la jurisprudencia del propio TSE, la entidad debe estar vinculada a un proceso principal ya abierto, sin que ello implique un examen independiente de su calidad como agrupación política; en este caso, los peticionarios forman parte del expediente principal.
Otro punto rechazado por el juzgado fue la alegación de la JCE de falta de objeto, basada en que la Resolución 01‑2026 ya habría surtido efectos y que la distribución correspondiente al año 2026 estaría totalmente ejecutada.
Los jueces señalaron que la JCE no aportó pruebas suficientes que demuestren que la totalidad de los recursos públicos contemplados en la resolución fueron efectivamente entregados a los partidos beneficiarios.
La votación se realizó por los magistrados Lourdes T. de Jesús Salazar R., Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán, quienes acordaron que la orden sea notificada a través de la Secretaría y publicada en el sitio institucional del tribunal.
Con esta resolución, la Resolución 01‑2026 de la JCE permanece en vigor mientras prosigue el proceso principal sobre la distribución de la contribución económica estatal a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
El texto fue preparado por un comunicador y mercadólogo, editor en Nueva York; contacto: diomedestejada@gmail.com.
