La defensa del exadministrador de la Lotería Nacional manifestó que persigue una indemnización por los perjuicios que, según ellos, le ocasionó el proceso penal, y también denunció la retención de sus teléfonos móviles a pesar de las órdenes judiciales de devolución.
Los abogados señalaron que el viernes 13 de noviembre de 2026 presentaron una demanda de reparación de daños contra el Estado dominicano y la Procuraduría General de la República, solicitando una compensación de RD$600 millones.
La acción legal fue interpuesta por Luis Maisichell Dicent y por la empresa Agencia Dicent, S.R.L., con el objetivo de obtener resarcimiento por los daños personales, familiares, económicos y de reputación que atribuyen al proceso penal en su contra.
Según la defensa, una resolución judicial había exonerado a Dicent de las acusaciones, aunque el comunicado no indica cuál tribunal la emitió, la fecha exacta ni el alcance definitivo de la misma.
Los representantes legales recordaron que Dicent estuvo 18 meses bajo prisión preventiva en el centro penitenciario de Najayo y, posteriormente, dos meses en arresto domiciliario, situaciones que, según ellos, provocaron consecuencias que van más allá de la mera pérdida de libertad.
Afirman que esas medidas repercutieron negativamente en su vida familiar, en sus actividades económicas, en su imagen pública y en sus proyectos de futuro, y sostienen que la acusación carecía de fundamento, por lo que corresponde al Estado responder por los perjuicios sufridos.
En otro punto de la demanda, el equipo jurídico denunció que el Ministerio Público sigue reteniendo varios teléfonos celulares de Dicent, dispositivos que, según sus declaraciones, contienen pruebas que demostrarían su inocencia desde el inicio de la investigación.
La defensa añadió que la retención persiste a pesar de tres resoluciones judiciales, incluida una de la Suprema Corte de Justicia, que ordenaron la restitución de los equipos, calificando esta conducta como un incumplimiento de los mandatos judiciales y exigiendo su entrega inmediata.
Con la demanda, los abogados buscan que el tribunal competente determine si el Estado y la Procuraduría son responsables de los daños alegados, mientras que la suma reclamada de RD$600 millones será evaluada durante el proceso judicial. El escrito fue suscrito por los licenciados Jorge Luis García Delgado y Leocadio García Alberto, del Bufete Ureña Rodríguez & Asociados, y hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial de la Procuraduría General de la República.

