Manzanillo, Montecristi – El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asegura no haber detectado perjuicios para pescadores y comunidades locales derivados del nuevo puerto, a pesar de que el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto indica riesgos y propone medidas de compensación.
Frank Valenzuela, quien preside la entidad, manifestó su inconformidad con las respuestas entregadas por el MOPC a una solicitud de información pública sobre los efectos ambientales, sociales y económicos de la obra portuaria.
Según la organización, las contestaciones de la Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPFRE) se contradicen con lo establecido en el EIAS y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), documentos que forman parte del convenio de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Valenzuela explicó que interpuso 35 preguntas al Ministerio bajo la Ley 200‑04 de Libre Acceso a la Información Pública. Las respuestas llegaron 160 días después de la solicitud, cuando el plazo legal estándar es de 15 días hábiles, con la posibilidad de prórrogas previstas por la normativa.
El puerto cuenta con un préstamo del BID de 100 millones de dólares, identificado como préstamo 5282/OC‑DR y aprobado en 2021. La ejecución se rige por el Contrato número 194‑2024, bajo la modalidad de diseño y construcción.
CEBAMDER indica que la licencia ambiental otorgada en 2024 está basada en un estudio de impacto de enero de 2021, el cual, según las respuestas del MOPC, no ha sido actualizado formalmente.
El EIAS, bajo el código 8.05, advierte sobre posibles impactos en la actividad pesquera durante las fases de construcción y operación del puerto, incluyendo alteraciones del lecho marino, presencia de corales en riesgo, efectos sobre los manglares del Estero Balsa y la suspensión de sedimentos.
La entidad también señala que el estudio no contempla un modelo oceanográfico capaz de simular el comportamiento del agua tras la instalación del nuevo muelle. No obstante, el MOPC ubica los efectos potenciales en una fase futura de operación, sin reconocer daños actuales que requieran compensación.
El PGAS incluye compromisos específicos para las comunidades pesqueras, entre ellos el programa P.13, que prevé apoyo a la comercialización, infraestructura para la conservación de productos, capacitación y modernización de la flota, y el programa P.17, que contempla compensaciones económicas por eventuales pérdidas de ingresos.
El plan establece que ciertas medidas deben implementarse sin esperar los resultados del monitoreo ambiental y asigna responsabilidades conjuntas al MOPC y a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM). CEBAMDER cuestionó que, con la obra en marcha, el Ministerio no haya especificado qué acciones se han llevado a cabo, cuándo iniciaron ni cuáles han sido sus resultados.
La pesca artesanal constituye una actividad económica fundamental para las familias de Manzanillo. Según datos de CODOPESCA citados por la organización, el sector pesquero de la zona generó RD$421.6 millones en 2021, con una producción de 1,693,346 kilogramos. La agrupación Guardianes Marino, mencionada por Valenzuela, agrupa a 50 pescadores activos y hasta 80 miembros en total, siendo una fuente vital de ingresos para numerosas familias que dependen de la bahía.
Valenzuela identificó dos contradicciones principales en las respuestas del MOPC: por un lado, la institución afirma no haber detectado afectaciones mientras el estudio ambiental señala riesgos desde la fase de construcción; por otro, se evidencia la falta de un plan de compensación y de registros de pagos, pese a que el PGAS asigna responsabilidades compartidas al MOPC y a APORDOM.
“No se compensa lo que se niega”, afirmó el dirigente de CEBAMDER.
Ante esta situación, la entidad solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo que verifique el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del proyecto, pidiendo una certificación de la ejecución del programa P.13 acompañada de registros de desembarques e informes trimestrales. También requirió información sobre los beneficiarios, el presupuesto destinado a las medidas de apoyo y el calendario de implementación.
Además, CEBAMDER demandó la actualización del estudio ambiental mediante un análisis de impactos acumulativos que permita evaluar los efectos de la infraestructura portuaria. Valenzuela anunció que presentará las inconsistencias detectadas ante los mecanismos de rendición de cuentas del BID, generando interrogantes sobre la observancia de los compromisos ambientales y sociales y la protección de los medios de vida de las comunidades pesqueras de Manzanillo.

