Una encuesta llevada a cabo por la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA) entre 537 personas indica que el 74,6 % de los encuestados ha sufrido vulneraciones a sus derechos humanos en los últimos cuatro años.
Ante estos datos, TRANSSA lanzó un llamado a las dependencias del Estado dominicano para que implementen acciones concretas, verificables y sostenibles que aseguren a la población LGBTI+ el acceso digno, equitativo y libre de discriminación a los servicios de salud, justicia, educación, empleo y protección social.
La petición se presentó en el Foro Nacional “Acceso oportuno a servicios básicos de las personas LGBTI+ en la República Dominicana”, evento que congregó a funcionarios públicos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil.
Durante la reunión, la entidad reveló los resultados de la Encuesta sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ 2025, basada en una muestra no probabilística de 537 participantes.
Los hallazgos mostraron que el 74,6 % de los encuestados manifestó haber experimentado violaciones a sus derechos en el periodo mencionado, mientras que las cifras de discriminación por sectores fueron: 63,6 % en educación, 54,8 % en salud, 54,5 % en justicia y 49,2 % en empleo.
Se precisó que, al tratarse de una muestra no probabilística, los resultados describen únicamente las experiencias de los entrevistados y no pueden extrapolarse estadísticamente a toda la población LGBTI+ del país.
Cristian King, director ejecutivo de TRANSSA, enfatizó que los datos ponen de relieve la urgencia de respuestas institucionales efectivas. «Los resultados de esta encuesta reflejan que muchas personas LGBTI+ continúan enfrentando barreras para ejercer derechos fundamentales. No basta con reconocer estas situaciones; necesitamos que las instituciones públicas adopten medidas concretas para prevenir la discriminación, garantizar una atención digna y asegurar que ninguna persona sea excluida de los servicios básicos por su orientación sexual, identidad o expresión de género», sostuvo King.
En el foro participaron Olaya Dotel Caraballo, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia; Ana Álvarez, responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Manuel Meccariello, coordinador general del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV); así como representantes del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación (MINERD), Servicio Nacional de Salud (SNS), Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), Poder Judicial, Oficina Nacional de Defensa Pública y Defensor del Pueblo.
Representantes de la AECID y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también asistieron, al igual que integrantes de la sociedad civil como Amigos Siempre Amigos (ASA), el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), la Red Voluntarios Amigos Siempre Amigos (REVASA) y la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM), entre otros grupos defensoras de derechos humanos.
A través de paneles temáticos y cuatro mesas de trabajo, los asistentes diagnosticaron las barreras de acceso a servicios esenciales y elaboraron propuestas orientadas a reforzar las políticas públicas y los mecanismos institucionales de protección.
TRANSSA reiteró que las recomendaciones deben materializarse en un plan de acción interinstitucional que establezca prioridades, entidades responsables, plazos de ejecución y indicadores de cumplimiento, además de solicitar mecanismos públicos de seguimiento y rendición de cuentas para medir los avances.
La organización anunció que consolidará las propuestas y conclusiones del foro en un documento de recomendaciones que servirá como base para continuar el diálogo con las autoridades competentes, garantizando la participación de personas LGBTI+ y sus organizaciones representativas en todas las fases del proceso.
El encuentro fue organizado por TRANSSA con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT), el Observatorio Regional Sin Violencia LGBTI+, COIN, Astraea Lesbian Foundation for Justice y otras entidades aliadas, dentro del marco del proyecto «Acceso oportuno a servicios básicos de las personas LGBTI+, con énfasis en grupos de mayores condiciones de vulnerabilidad, garantías y exigibilidad en el cumplimiento de los derechos humanos», ejecutado por la propia organización.
TRANSSA subrayó que el respeto a los derechos de las personas LGBTI+ debe traducirse en servicios accesibles, políticas públicas y mecanismos efectivos de protección contra la discriminación, y que las declaraciones institucionales deben acompañarse de compromisos verificables que permitan evaluar los resultados de las acciones adoptadas.

