RDalDescubierto
Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, expresó que la elección del magistrado representa un reconocimiento a la carrera judicial y evidencia un compromiso firme con la independencia del poder judicial en la nación.
El líder de la FDC elogió la incorporación de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia, indicando que tal nombramiento celebra su trayectoria dentro del ámbito judicial y refuerza el respeto a la autonomía del tribunal.
«Con la designación del primer juez de carrera al máximo tribunal, el presidente Abinader consolida su legado institucional», declaró García.
En su análisis, la selección muestra coherencia con la intención del mandatario de fortalecer la independencia del Poder Judicial y de reconocer la experiencia y méritos acumulados en la judicatura.
La Federación subraya la importancia de la experiencia en la carrera judicial.
García enfatizó que colocar a un magistrado de carrera al frente del tribunal supremo resalta la relevancia de la experticia profesional y del profundo conocimiento del sistema judicial para dirigir una institución clave del Estado de derecho.
Según él, el recorrido de Montero Montero constituye un pilar esencial para el robustecimiento institucional y para afianzar la confianza en la administración de justicia.
Justiniano Montero Montero integra la Suprema Corte desde abril de 2019 y, según datos disponibles, fue ratificado en septiembre de 2026 para un nuevo periodo de siete años.
Posee el título de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cuenta con posgrados en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, así como en Derecho Administrativo y Gestión Municipal.
La designación se realizó dentro del proceso de renovación del alto tribunal, gestionado por el Consejo Nacional de la Magistratura bajo la presidencia del presidente Luis Abinader.
El proceso incluyó evaluaciones de desempeño de los jueces en funciones y entrevistas a los aspirantes a cubrir las vacantes disponibles.
En esa etapa se consideraron criterios como la trayectoria profesional, la formación académica y la integridad de los candidatos.
Para García, la independencia del Poder Judicial constituye una garantía esencial que sustenta la seguridad jurídica, la confianza institucional y el correcto funcionamiento del Estado de derecho en la República Dominicana.
