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La Red de Observadores por la Institucionalidad ha solicitado que se difundan tanto las actas como los fundamentos de cada decisión, que se resguarde la independencia del Poder Judicial y que se avance hacia la igualdad de género en la Suprema Corte de Justicia.
El organismo manifestó su preocupación por la escasa información disponible sobre el proceso de evaluación y nombramiento de los magistrados de la SCJ, e insistió en que el Consejo Nacional de la Magistratura garantice claridad y rendición de cuentas.
En un comunicado fechado el viernes 30 de octubre de 2026, la entidad señaló que, pese a haberse fijado como fecha límite el 23 de octubre, aún no se ha publicado de manera oficial la lista de los nuevos magistrados.
ROI sostuvo que la legitimidad del proceso depende tanto de la idoneidad de los candidatos como de la apertura de los procedimientos y la exposición de los motivos que los sustentan.
Hasta el momento solo se han puesto a disposición del público dos actas relacionadas con la evaluación de desempeño de los magistrados cuyo mandato expiró en abril del presente año, y esos documentos no explican por qué algunos fueron ratificados y otros no.
Asimismo, la Red indicó que tampoco se han divulgado las actas de las sesiones actuales del proceso de selección para cubrir las vacantes, describiendo esta ausencia como una falta de transparencia sin precedentes.
En consecuencia, se pidió al CNM que haga públicos los resultados, las actas y las motivaciones de sus decisiones, de modo que la ciudadanía conozca los criterios empleados para evaluar y escoger a los miembros de la alta corte.
ROI reiteró que la designación de jueces y juezas debe basarse en criterios objetivos ligados a la trayectoria profesional, la capacidad jurídica, la independencia, la imparcialidad y la integridad, así como al compromiso con los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Otro punto central es la urgencia de corregir el desequilibrio de género en la composición de la Suprema Corte, recordando que la Constitución establece el principio de participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos decisorios del Estado.
La organización consideró que los próximos nombramientos deben representar un avance concreto hacia la paridad de género, ya que una mayor presencia femenina en los espacios de decisión judicial ayudaría a materializar dicho principio constitucional.
Finalmente, la Red propuso que se valore a una mujer con larga carrera judicial para ocupar la presidencia de la SCJ, siempre garantizando una evaluación rigurosa de su independencia, integridad e idoneidad, con el fin de reforzar la equidad de género y reconocer la profesionalización del sistema judicial.
