RDalDescubierto
El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, dio la orden de lanzar una operación militar en territorio haitiano después de que cuatro de sus soldados fueran secuestrados el 18 de octubre, cuando fueron emboscados por grupos armados en los alrededores de Puerto Príncipe. En una entrevista concedida a fuentes periodísticas, el jurista Barnabas Dieudonné, doctorado en Derecho por la Universidad de Montreal y defensor de derechos humanos, manifestó que esa intervención no asegura la paz en la isla caribeña.
Los cuatro integrantes del contingente forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y desaparecieron en la zona de Santo, dentro del municipio de Croix‑des‑Bouquets. Ante el hecho, Bukele desplegó más de 1.300 soldados hacia la capital haitiana, una cifra que, según reportes locales, sigue en aumento día a día.
Dieudonné puntualizó que el envío de tropas constituye una acción puntual, cuyo único objetivo es la localización y rescate de los militares secuestrados, y no una campaña integral para desarmar a las bandas que controlan gran parte de Puerto Príncipe. “Para lograr una paz duradera sería necesario desmovilizar a todos los grupos armados. Esta intervención no persigue ese objetivo”, declaró el jurista.
El académico añadió que una ofensiva de mayor magnitud en la llanura de Cul‑de‑Sac, donde se asienta Croix‑des‑Bouquets, podría debilitar o desplazar a los grupos armados locales, pero advirtió que eso no solucionaría la profunda crisis de violencia que ha azotado a Haití durante años.
En lo que respecta a la población civil, Dieudonné alertó que una misión centrada exclusivamente en el rescate de los soldados salvadoreños podría relegar los intereses de los haitianos, generando riesgos de muertos, heridos, destrucción de viviendas, vehículos y otros bienes, así como la posibilidad de nuevos desplazamientos internos si los combates obligan a los residentes a abandonar sus hogares.
Una organización humanitaria emitió el miércoles un comunicado describiendo una “explosión de violencia” en Puerto Príncipe a raíz de los enfrentamientos derivados del ataque a los militares de la GSF.
El jurista también señaló que una acción limitada contra ciertos grupos armados tendría un impacto reducido y no constituiría una verdadera contribución a la pacificación del país, la cual ha obligado a posponer procesos electorales por la ausencia de condiciones de seguridad mínimas.
No obstante, reconoció que expulsar a las pandillas de la zona de Cul‑de‑Sac representaría un alivio significativo tanto para el Estado haitiano como para las comunidades que sufren la violencia cotidiana.
Para cerrar, Dieudonné enfatizó que cualquier operación militar en territorio haitiano debe respetar la soberanía nacional y sustentarse en un marco jurídico sólido, incluido el consentimiento de las autoridades haitianas. Señaló que Haití podría colaborar proporcionando información, apoyo logístico y, cuando corresponda, la participación de sus propias fuerzas de seguridad. Asimismo, instó a que la intervención se amplíe más allá del rescate de los cuatro soldados, incorporando metas de protección civil y restauración de la seguridad, en línea con los esfuerzos de la GSF, para garantizar derechos humanos y crear condiciones de paz duradera.
