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Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta interina de Venezuela, declaró este jueves que se cumplirán todas las votaciones que la Constitución contempla, aunque no especificó una fecha, y manifestó que serán gestionadas por una autoridad electoral renovada.
«Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo», indicó en un comunicado nacional, justo antes de la primera rueda de prensa que había programado la dirigente opositoria María Corina Machado.
Con vestimenta blanca y un tono sereno, Rodríguez, quien asumió el poder en enero luego de la captura en Caracas del ahora depuesto Nicolás Maduro, argumentó que el destino político del país «no se determina por una fecha en el calendario», refiriéndose a la presión por convocar elecciones, sino que depende de una serie de objetivos por alcanzar.
Entre los propósitos mencionó «un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de participación equitativa para todas las fuerzas políticas y unas elecciones que, aseguró, resulten una solución y no un origen de conflictos irreconciliables».
Transmitido por la cadena estatal venezolana, resaltó que «la elección no debe ser un obstáculo ni empujarnos de nuevo a épocas de confrontación que nadie desea».
La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ha exigido la celebración de comicios presidenciales para el año 2027.
Según informó un alto funcionario del Departamento de Estado durante una rueda de prensa telefónica el lunes, la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, apoya una hoja de ruta que contempla la renovación de instituciones clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que obligaría a Rodríguez a dejar vacante la presidencia y abrir un plazo de seis meses para organizar elecciones.
Rodríguez también afirmó que el ejercicio responsable de la política está garantizado en el país e indicó a las fuerzas de seguridad que «ninguna persona sea detenida sin orden judicial», práctica que organizaciones no gubernamentales han denunciado como frecuente en años recientes.
«Todos tenemos derecho a pensar de forma distinta, sin miedo a represalias de ningún tipo», declaró la mandataria.
En esa línea, ordenó a los cuerpos de seguridad que «nadie sea privado de libertad sin mandato judicial, salvo en casos de flagrancia», y reiteró que «el ejercicio responsable de la política está garantizado para todos y todas».
Añadió que las manifestaciones pacíficas son un derecho constitucional siempre que se respete la «integridad física y moral» de los agentes de seguridad.
Recordó haber propuesto reformar la ley contra el odio, la cual reconoció que se ha «aplicado de manera abusiva», y volvió a pedir al Parlamento que inicie «un proceso amplio de consultas» sobre esa normativa.
Indicó que, una vez aprobada la reforma, «el sistema judicial deberá revisar los casos de personas procesadas» bajo esa legislación.
