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Se requiere una planificación adecuada, respaldo a los agricultores y respeto a las preferencias del consumidor.
Santo Domingo – El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) afirma que la discusión sobre la liberalización del arroz debe trascender los aspectos arancelarios y enfocarse en la seguridad alimentaria, la defensa del consumidor y la capacidad del país para abastecer a su población ante eventuales crisis internacionales.
Al ser una nación insular, nuestra alimentación depende en gran medida del tránsito marítimo y aéreo para la llegada de alimentos importados; si una guerra, una emergencia sanitaria o un desastre natural interrumpieran esas rutas, el país no tendría los medios necesarios para garantizar el suministro.
Esa inquietud no se trata de un temor exagerado, sino de una planificación estratégica que toda nación consciente de su vulnerabilidad geográfica debe adoptar.
Según datos del Ministerio de Agricultura, la República Dominicana mostró una notable producción de arroz: en 2024 la cosecha nacional superó los 14 millones de quintales y se proyecta que para 2025 alcance aproximadamente 14.8 millones.
Los shocks de los mercados de cereales ocurridos en 2008 y 2011 sirven como referencia; el impulso a la producción interna de arroz disminuyó la dependencia externa y nos resguardó de esos choques.
ONPECO indica que la coyuntura actual era anticipable: el calendario de desgravación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU. (DR‑CAFTA) establecía que el arroz tendría arancel cero en 2025, lo que habría requerido, con antelación, políticas para reforzar la competitividad y la sostenibilidad de la producción nacional.
En diciembre de 2024 el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto 693‑24, que introducía medidas arancelarias para regular la importación de arroz; sin embargo, en septiembre de 2026, mediante el Decreto 635‑26, dicha norma fue derogada, lo que hace indispensable una explicación pública sobre las acciones que se emprenderán para salvaguardar la capacidad productiva y evitar que los costos de la transición recaigan sobre productores y consumidores.
ONPECO reconoce la obligación de respetar los compromisos internacionales, pero sostiene que cumplir acuerdos comerciales y proteger la seguridad alimentaria nacional demandan una política pública coherente, anticipada y transparente.
El organismo insta a robustecer no solo la producción de arroz, sino también la de otros cultivos alimentarios dentro del territorio nacional, facilitando el acceso a financiamiento, mejorando la tecnología, reforzando los sistemas de riego, promoviendo seguros agropecuarios, apoyando a pequeños y medianos agricultores y creando mecanismos adecuados de almacenamiento y reservas.
Escuchar al consumidor resulta esencial: los dominicanos estamos habituados al arroz nacional, conocemos su textura, su forma de cocción y sus particularidades, y esas preferencias forman parte de nuestra cotidianidad y deben considerarse en cualquier decisión comercial.
No se trata de declarar que todo arroz importado sea inferior, sino de reconocer que el consumidor tiene derecho a información clara sobre el origen, la calidad y las características del producto, y a que sus gustos sean tenidos en cuenta.
ONPECO hace un llamado a las autoridades para que convoquen un diálogo abierto que incluya a productores, comerciantes, expertos y organizaciones de consumidores, con el objetivo de definir medidas concretas que fortalezcan la cadena arrocera y diversifiquen la oferta alimentaria nacional.
Proteger la producción local no implica cerrar las puertas al comercio, sino evitar que nuestra alimentación quede a merced de decisiones y acontecimientos fuera de nuestro control.
La seguridad alimentaria debe erigirse como una política de Estado, y no como una reacción improvisada ante cada eventual crisis.
El arroz dominicano constituye un elemento clave de la mesa, de la economía y de la capacidad del país para enfrentar el futuro con mayor autonomía.
