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Desviación primaria y secundaria en la delincuencia y el fenómeno del etiquetado

by maria_lopez
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«Nuestro orgullo es el que nos hace cumplir con nuestro deber». (Friedrich Nietzsche).

En nuestra sociedad, casi de forma patológica, se tiende a catalogar a los demás. Construimos una “identidad” basada en los significados que le damos a los estereotipos, clasificando al otro según su origen, barrio, forma de vestir, estilo de baile o incluso su manera de hablar.

Desde la mirada sociológica, el etiquetado se describe como “el proceso mediante el cual ciertos individuos y grupos son señalados como poseedores de determinadas características, atribuidas por otros sujetos o colectivos que detentan el poder e influencia necesarios para que esas etiquetas tengan efecto”.

La sociología de la desviación y la criminología estudian este fenómeno poniendo el foco en la estructura de poder –ejecutivo, legislativo y judicial– y en los aparatos hegemónicos ideológico‑culturales, particularmente los medios de comunicación, que refuerzan de forma blanda la visión que mantiene el statu quo social.

Estos mecanismos generan una percepción del establishment que trasciende lo meramente institucional, creando una imagen consolidada que permea a la ciudadanía.

El etiquetado actúa como intermediario en la arquitectura del poder: al excluir al otro, al analizar, evaluar y diagnosticar, transforma una narrativa persuasiva en “verdad” que se perpetúa, sin importar la destrucción de los etiquetados, tanto por los aparatos coercitivos del Estado (Policía Nacional) como por los centros culturales hegemónicos articulados en los medios.

Los datos empíricos no respaldan conductas reprochables de la Policía Nacional, cuya actuación excede los límites de su mandato. El Artículo 255, en sus cuatro numerales, establece como misión: (1) salvaguardar la seguridad ciudadana; (2) prevenir y controlar los delitos; (3) perseguir e investigar las infracciones penales bajo la dirección legal correspondiente; y (4) mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos y la convivencia pacífica conforme a la Constitución.

En el Título II de Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales, Capítulo I, Sección I, el Artículo 37 concluye con la frase: “…No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la”.

Procedamos a revisar los indicadores económicos, sociales y de seguridad que permiten intentar comprender la raíz de esta crueldad, la cual no se alinea con nada más que el populismo y la búsqueda de popularidad.

1) La pobreza monetaria descendió a 14,7 % desde el 23 % registrado en 2019.

2) La desigualdad social, que alcanzó 0,49 en 2012 y 0,41 en 2019, continúa mostrando una tendencia a la baja en la actualidad.

3) Por primera vez en la historia económica nacional, la tasa de desempleo abierto se sitúa en 4,7 % y la ampliada bajo 10 % con 8,6 %; el país cuenta con 5 247 527 empleos, tanto formales como informales, y la informalidad laboral se ubica en 53,1 %.

4) La indigencia o pobreza extrema ha disminuido de forma notable, rondando niveles muy reducidos.

5) Los jóvenes “Ni‑Ni”, que en algún momento nos colocaron como líderes regionales con un 29 % de la población, han experimentado variaciones relevantes.

6) La tasa de homicidios, que se ubicó en 24, 25 y 26 entre 2010 y 2012, muy por encima del promedio regional de 21, hoy se encuentra entre los seis países con índices más bajos: 2025 registró 8,7 y en agosto de 2026 7,4.

En septiembre se reportó una cifra de 55; al redactar este texto, el 24 de octubre, Día del Sociólogo, la tasa se sitúa entre 8,6 y 9. La tasa de victimización ha registrado una caída entre el 27 % y el 30 %.

7) Durante los 16 años consecutivos de gobierno del PLD, la riqueza nacional aumentó de US$23 000 millones a US$78 899 millones, lo que representa un crecimiento de US$55 000 millones, equivalentes a US$3 437,5 millones anuales.

En la actualidad, la economía dominicana, pese a la incertidumbre, volatilidad y la turbulencia más dramática de los últimos sesenta años, ha sumado US$58 000 millones en seis años, equivalentes a US$9 600 millones al año.

Si todos los indicadores sociales y económicos presentan mejoría, surge la interrogante: ¿por qué incrementa la violencia policial? A continuación, algunas hipótesis que podrían explicar la dinámica social y política.

1) La imaginación expansiva que provoca la difusión mediática de delitos y conductas desviadas en la conciencia colectiva dominicana.

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