La decisión limita las investigaciones presenciales del Departamento de Seguridad Nacional por posibles irregularidades en el registro de votantes. El tribunal advierte sobre el uso de datos poco fiables y el riesgo de intimidación electoral.
WASHINGTON, 22 de octubre de 2026. — Una jueza federal de California ordenó restringir los operativos electorales del Gobierno del presidente Donald Trump en nueve estados, al considerar que determinadas prácticas de investigación podrían vulnerar las garantías contra la intimidación de votantes.
La decisión fue emitida el miércoles 21 de octubre por la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, y divulgada este jueves.
La orden afecta a California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
La restricción no suspende todas las investigaciones sobre voto ilegal. Prohíbe determinadas operaciones de campo y entrevistas relacionadas con elecciones cuando involucren a personas que las autoridades saben, sospechan o razonablemente deberían sospechar que son ciudadanos estadounidenses.
¿Por qué intervino la justicia?
El caso está relacionado con una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional denominada Unlawful Voter Initiative, puesta en marcha en agosto para identificar a personas que supuestamente se registraron o votaron sin tener ciudadanía estadounidense.
Según los documentos judiciales, las autoridades elaboraron listas de personas para investigar mediante cruces de registros electorales y bases de datos federales.
La jueza encontró problemas en la fiabilidad de parte de esa información y consideró probable que los demandantes lograran demostrar una violación de las disposiciones de la Ley de Derecho al Voto que prohíben la intimidación electoral.
La demanda fue presentada por organizaciones como la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United y Voto Latino Foundation, junto con autoridades locales de San Francisco y el condado de Santa Clara.
Los demandantes argumentaron que las visitas e interrogatorios de agentes federales podían desalentar la participación de votantes legalmente habilitados.
La orden no entra en vigor inmediatamente
La resolución establece restricciones hasta el cierre de los centros de votación del próximo 3 de noviembre.
Sin embargo, la propia jueza suspendió temporalmente su aplicación hasta las 5:00 de la tarde del viernes 23 de octubre, para permitir que el Gobierno federal solicite una revisión ante el tribunal de apelaciones.
Esto significa que, al momento de esta publicación, la restricción todavía no está ejecutándose.
La decisión es preliminar y no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de toda la iniciativa federal.
Nuevo capítulo del conflicto electoral
El fallo llega después de que el Departamento de Justicia demandara a California para intentar impedir el conteo de papeletas correspondientes a unos 20,000 electores cuya ciudadanía cuestiona.
Se trata de procesos judiciales diferentes, aunque ambos están relacionados con los métodos utilizados por el Gobierno federal para investigar posibles registros electorales irregulares.
La administración Trump sostiene que sus actuaciones buscan impedir el voto de personas sin ciudadanía, mientras sus críticos advierten que los procedimientos pueden afectar a ciudadanos con derecho a participar.
La decisión de Martínez-Olguín introduce un límite judicial a determinadas actuaciones federales, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas.
El próximo paso dependerá de una posible apelación y de si la orden entra en vigor el vier
