RDalDescubierto
En una sesión calificada de urgencia, el Senado dio su visto bueno a una ley orgánica que modifica el artículo 31 de la Ley 44‑26, introduciendo variaciones en distintas disposiciones del Código Penal dominicano.
El senador Rafael Barón Duluc, quien encabeza la Comisión de Justicia del Senado, presentó un informe favorable al pleno y solicitó que la iniciativa se agende para el miércoles.
La propuesta, impulsada por el legislador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, contempla un período de adaptación de dos años para que las personas jurídicas se alineen a las nuevas disposiciones; los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entrarán en vigor el 5 de noviembre de 2028, es decir, 24 meses después del 5 de noviembre de 2026.
En la misma jornada, los senadores sancionaron de manera urgente el proyecto que modifica los artículos 4, 5, 12 y 14, e incorpora el artículo 12.1 a la Ley 339‑22, la cual regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
Dicha normativa, originada en la Cámara de Diputados, persigue optimizar la atención judicial, acelerar los procesos, reforzar la eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más rápido, transparente y seguro.
Entre las innovaciones, el Poder Judicial podrá emplear firma digital o firma electrónica cualificada, realizar actos jurisdiccionales en formato electrónico, digitalizar documentos y llevar a cabo audiencias virtuales.
El artículo 14 establece que las audiencias o actos jurisdiccionales en entorno digital se desarrollarán en todas las materias, salvo en la rama penal.
En segunda discusión, el pleno del Senado aprobó la iniciativa que otorga el nombre “Milton Ray Guevara” al edificio del palacio de justicia del distrito judicial de Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Asimismo, se presentó el proyecto que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas, impulsado por el senador Santiago José Zorrilla.
En segunda lectura, se aprobó la reforma que determina la clasificación, el régimen de autorización y la recategorización de infraestructuras aeroportuarias, modificando la Ley 491‑06 de Aviación Civil, iniciativa del senador Alexis Victoria Yeb.
Los legisladores también sancionaron la ley que constituye la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Noroeste, presentada por el senador Odalis Rafael Rodríguez, y la que declara Patrimonio Monumental Nacional al Monumento a los Héroes de la Barranquita, fijando el 3 de julio como Día del Decoro Nacional.
Se aprobó, además, la declaración del Mabí Seibano como Patrimonio Cultural Inmaterial del país, propuesta del senador Santiago José Zorrilla, y la denominación “Vladimir Guerrero” para el estadio de béisbol de Don Gregorio (Nizao, Peravia) y “Nazario Ramos” para la pista de atletismo del complejo deportivo Juan Pablo Duarte (San Francisco de Macorís, Duarte), impulsadas por los senadores Julito Fulcar Encarnación y Franklin Martín Romero, respectivamente.
En única discusión, el Senado dio su aprobación a varios acuerdos y convenios, entre ellos el Acuerdo de Servicios Aéreos con Paraguay, el convenio de la FAO para combatir la pesca ilegal, la enmienda al Convenio Internacional del Azúcar, los acuerdos de servicios aéreos y el protocolo con la República Checa, y el Convenio de Cooperación Policial contra la delincuencia organizada, todos remitidos por el Ejecutivo.
Se adoptó también una resolución que solicita al presidente Luis Abinader la remodelación del cuartel de la Policía Nacional en Carbonera (Pepillo Salcedo, Montecristi) y la construcción de un nuevo destacamento en Villa Olímpica (San Pedro de Macorís), propuesta de Aracelis Villanueva Figueroa.
Finalmente, el Senado aprobó una resolución que pide al INDOTEL coordinar a los operadores de telecomunicaciones para instalar repetidores de señal en la autopista del Nordeste Juan Pablo II, iniciativa de los senadores Alexis Victoria Yeb, Franklin Martín Romero Morillo, Pedro Antonio Tineo Núñez y Pedro Manuel Catrain Bonilla, y otra que exige la puesta en marcha urgente de un plan nacional de conectividad para carreteras y zonas rurales, propuesto por Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano.
