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Fuentes confirmaron que Carlos Díaz “Picasso”, presidente del Proyecto Avanza República Dominicana (PAREDOM), propone que los inmuebles incautados por actividades de narcotráfico sean entregados a organizaciones comunitarias para la ejecución de programas sociales.
Desde Santo Domingo, el Dr. Carlos Díaz “Picasso” presentó al Gobierno dominicano una iniciativa titulada “De puntos de drogas a puntos sociales”, que busca transformar los predios antes usados como puntos de venta de drogas en lugares destinados a la educación, el deporte, la cultura y el desarrollo comunitario. La propuesta contempla que los bienes recuperados legalmente mediante sentencia judicial sean transferidos de manera definitiva a iglesias, clubes deportivos y culturales, juntas de vecinos, fundaciones y demás entidades sin fines de lucro.
Díaz subrayó que la medida pretende complementar la persecución del microtráfico con una estrategia de recuperación de espacios, orientada a poner esos inmuebles al servicio de la comunidad mediante actividades de formación, convivencia y progreso social. Asimismo, resaltó que los propietarios tendrán pleno derecho a defender sus inmuebles en los procesos judiciales correspondientes.
Según las fuentes consultadas, las organizaciones interesadas deberán presentar propuestas formales para recibir los inmuebles. El proceso de adjudicación será público y los solicitantes deberán detallar el uso previsto, los servicios que brindarán, la población a la que beneficiarán y los mecanismos de mantenimiento. Se priorizará a las entidades que operen en la comunidad donde se ubique el bien, sin excluir a otras instituciones que presenten proyectos viables y de alto impacto.
La iniciativa también prevé evaluar la Ley 340‑22, sobre extinción de dominio, y la Ley 60‑23, sobre administración de bienes incautados, para determinar si se requiere alguna reforma legislativa que permita la adjudicación gratuita de estos inmuebles a organizaciones comunitarias. La ejecución quedará a cargo de las instituciones estatales competentes, garantizando transparencia, debido proceso y respeto al derecho de propiedad.
Esta redacción continuará informando sobre los avances de la propuesta y sus posibles repercusiones en la comunidad dominicana.
