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Santo Domingo – La agrupación Fuerza del Pueblo (FP) manifestó este martes su inquietud por el incremento de fallecidos durante operativos policiales, argumentando que la estrategia de «mano dura» promovida por la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) pone al descubierto la ineficacia de los planes de seguridad ciudadana ejecutados en los últimos seis años.
La denuncia la encabezó Josefina Reynoso, quien dirige la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP, durante una rueda de prensa en la que precisó que, conforme a los datos recopilados por su organización, entre 2020 y octubre de 2026 se registraron 1,152 muertes en hechos catalogados como intercambios de disparos o acciones legales.
«Durante seis años, el Gobierno del PRM ha repetido que la delincuencia ha disminuido. Lo ha dicho en informes, en ruedas de prensa y en campañas publicitarias. Sin embargo, hoy opta por la mano dura contra la delincuencia. Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?», cuestionó Reynoso, añadiendo que el temor y la inseguridad continúan marcando la cotidianidad de los dominicanos.
Los números presentados por la FP indican 76 fallecimientos en intervenciones policiales en 2021; 139 en 2022; 226 en 2024; 214 en 2025 y, hasta la fecha, alrededor de 236 muertes en 2026. Reynoso vinculó este ascenso a la política de mano dura popularizada bajo el llamado código 1.29, al que describió como una «cortina de humo» frente al fracaso de los planes gubernamentales.
Remarcó que la Constitución de la República protege el derecho a la vida y prohíbe la pena capital, advirtiendo que «ninguna institución del Estado tiene autoridad para condenar a muerte a un ciudadano».
«La Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de nuestros policías a proteger sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales», afirmó la titular, subrayando el respeto a la labor policial siempre que se mantengan los principios constitucionales.
«Lo que rechazamos es que la fuerza letal se utilice al margen de los principios de legalidad, proporcionalidad y el debido proceso», precisó, exigiendo investigaciones exhaustivas sobre los decesos ocurridos en operativos y demandando mayor capacitación, equipamiento, protocolos claros y respaldo institucional para que los agentes actúen dentro del marco legal.
En otro orden de ideas, la dirigente puso en tela de juicio las cifras oficiales de homicidios, señalando que mientras el Gobierno informa una tasa de 7.36 por cada 100 mil habitantes, los cálculos de la FP indican una estimación anualizada de 11.8, aludiendo a la exclusión de muertes en tiroteos, víctimas extranjeras y homicidios clasificados como indeterminados en los indicadores oficiales.
Denunció además que la propia Policía Nacional admitió la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes, entre ellas 17,635 por violencia intrafamiliar, 11,587 por robos, 4,018 por agresiones sexuales y 2,681 por homicidios, y cuestionó la persistencia de esa situación tras más de 110 reuniones de seguimiento a la seguridad ciudadana.
Reynoso resaltó que los levantamientos de la FP registran más de 416 feminicidios entre 2020 y 2026, destacando que los feminicidios íntimos —cometidos por parejas o exparejas— pasaron de 50 el año pasado a más de 70 en lo que lleva de 2026, y señaló la existencia de más de 103 niños huérfanos, preguntándose cuántas de esas vidas podrían haberse salvado con una intervención oportuna.
En nombre de la Fuerza del Pueblo, exigió una rendición de cuentas sobre los recursos destinados a más de siete planes de seguridad ciudadana anunciados en el último medio lustro, periodo en el que, según Reynoso, han transcurrido cinco directores de la Policía Nacional, dos ministros de Interior y Policía y tres asesores y comisionados internacionales, sin que el Gobierno haya cumplido la promesa de reducir la tasa de homicidios en un 50 %.
La titular de Seguridad Ciudadana reiteró el apoyo de la FP a la propuesta de diálogo nacional impulsada por el presidente Leonel Fernández, abogando por una estrategia integral basada en prevención, investigación criminal, tecnología, coordinación institucional y respeto a los derechos fundamentales. «Después de seis años, el Gobierno debe presentar resultados verificables, explicar sus decisiones y asumir las responsabilidades que le corresponden. ¡Basta de improvisación! El país necesita prevención, justicia y resultados», concluyó.
Durante la rueda de prensa la portavoz estuvo acompañada por el vocero del bloque de diputados de la FP, José David Báez; el diputado y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Tobías Crespo; la titular de la Secretaría de Seguridad Social, Yadira Peña; el responsable de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, Wilkin Moreno; y demás dirigentes de la organización.
