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Las autoridades federales presentaron cargos contra veintiocho residentes extranjeros en California, acusándolos de inscribirse y emitir su voto de forma ilícita, dentro de una operación nacional destinada a impedir la participación electoral de personas sin ciudadanía estadounidense.
El Departamento de Justicia informó el lunes que los imputados son residentes permanentes legales que no poseen la ciudadanía estadounidense, razón por la cual están prohibidos de participar en elecciones federales; entre los cargos se incluyen la presentación de registros electorales falsos y la falsificación de declaraciones en solicitudes de naturalización.
La iniciativa, bajo el nombre de “Proteger el Voto”, se ejecutó en las cuatro fiscalías federales de California y forma parte del esfuerzo de la administración republicana por perseguir irregularidades electorales antes de los comicios de medio término del 3 de noviembre.
Esta ofensiva federal se lleva a cabo en medio de un enfrentamiento entre Washington y las autoridades californianas respecto al acceso a los archivos electorales y la verificación de la ciudadanía de los votantes.
En una conferencia de prensa en Los Ángeles, Trent McCotter, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia, respaldó las acciones judiciales y sostuvo que el voto ilegal de personas no ciudadanas perjudica a los estadounidenses y al proceso electoral.
“Esto causa un daño real a las elecciones reales y un daño real a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó McCotter.
No obstante, los datos disponibles indican que el voto de no ciudadanos es un fenómeno extremadamente raro en EE.UU., difícil de probar y que no ha demostrado afectar de manera determinante los resultados electorales.
Rob Bonta, fiscal general demócrata de California, refutó las acusaciones de fraude electoral generalizado en un estado con aproximadamente 23 millones de votantes registrados, admitiendo que pueden existir casos aislados, pero describiéndolos como “una gota en el océano” frente al padrón total.
Bonta también cuestionó las pruebas presentadas por el gobierno federal y expresó su confianza en que California saldrá victoriosa en el litigio.
Según él, la administración Trump no ha entregado datos concretos sobre votantes que no cumplen los requisitos legales, sino solo conclusiones que, a su juicio, carecen de sustento probatorio.
A nivel nacional, el Departamento de Justicia anunció el lunes que ha presentado cargos contra 113 personas en 20 estados durante las últimas semanas por delitos vinculados a la votación y la inscripción electoral.
Esa cifra abarca a individuos acusados de diversas infracciones electorales.
Previo a esto, el gobierno federal informó de alrededor de 90 acusaciones en lo que va del año, entre ellas 50 personas que presuntamente votaron sin ser ciudadanos estadounidenses.
La actual ofensiva coincide con las exigencias del Departamento de Justicia para que los estados entreguen información detallada de sus registros electorales, incluidos datos personales como fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y los últimos dígitos de la Seguridad Social.
Algunos estados han colaborado voluntariamente, mientras que el gobierno federal ha interpuesto demandas contra 30 estados y el Distrito de Columbia para obtener dicha información.
Aunque California no suele considerarse un estado decisivo en las elecciones presidenciales, alberga varias contiendas reñidas por escaños en el Congreso que podrían influir en el control de la Cámara de Representantes durante los dos últimos años del mandato de Trump.
El viernes, el Departamento de Justicia envió una carta a las autoridades electorales de California advirtiendo sobre posibles consecuencias penales para quienes procesen deliberadamente papeletas emitidas por personas sin derecho a voto; la comunicación, firmada por McCotter, fue dirigida a la oficina del asesor legal del condado de Los Ángeles, con copias para la secretaria de Estado de California y el registrador electoral del condado.
