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En la última jornada del foro especializado, bajo la provocadora interrogante «¿Y si el enfermo es el sistema?», se reunieron seis personalidades relevantes del sector salud dominicano para dialogar sobre la imperiosa necesidad de transformar la atención médica nacional, fortalecer la atención primaria, optimizar el gasto público y garantizar servicios de calidad. Participaron Altagracia Guzmán Marcelino, Rafael Mena, José Joaquín Puello, Ernesto Fadul, Amado Alejandro Báez y Luis Alberto Peña Núñez, bajo la conducción de Víctor Gómez Casanova y la intervención de la invitada Iluminada Muñoz.
Rafael Mena, quien encabeza la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), argumentó que el origen de los problemas radica en la esfera política. «¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes están en el Congreso? Son los políticos», enfatizó, señalando que las decisiones que inciden en la salud dependen de los funcionarios electos.
Altagracia Guzmán Marcelino, exministra de Salud Pública, subrayó la urgencia de revisar y modernizar la normativa que regula el sector, mencionando la Ley General de Salud 42‑01, la Ley 87‑01 de Seguridad Social y la Ley 123‑15 que creó el Servicio Nacional de Salud (SNS). Según ella, aunque esas disposiciones son la columna vertebral del sistema, requieren ajustes periódicos para responder a las exigencias actuales de la población y mejorar la coordinación entre las distintas instituciones.
Un médico e investigador presente ofreció una visión distinta, asegurando que el sistema no está enfermo sino que posee una gran oportunidad de mejora. «Yo no pienso que el sistema está enfermo. Yo pienso que el sistema tiene una oportunidad de mejoría importantísima», manifestó, pidiendo evitar la politización de la salud y orientar los esfuerzos a soluciones que atiendan las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
El debate también abordó la desigualdad económica que afecta el acceso a los servicios. Guzmán Marcelino advirtió: «Que si usted no tiene dinero, usted no tiene salud. Eso es lo que está viendo República Dominicana». Mena añadió que los intereses económicos influyen en las decisiones del sector, beneficiando a ciertos grupos, y señaló que funcionarios, empresarios y artistas pueden viajar a ciudades como Miami y Boston para realizarse chequeos médicos.
El director neurocirujano de la Ciudad Sanitaria, cuya identidad no se reveló, defendió que ningún paciente debe quedar desatendido por falta de recursos, sobre todo en emergencias. «La verdadera meta de nosotros los médicos es salvar vidas», afirmó, insistiendo en que el dinero no debe ser el factor determinante entre la vida y la muerte.
José Joaquín Puello recordó que para ofrecer servicios médicos eficientes se requieren inversiones sustanciales, pero reiteró que la atención debe garantizarse sin importar la condición económica del paciente.
La carencia de una atención primaria sólida surgió como otro punto crítico. Guzmán Marcelino cuestionó la excesiva concentración de recursos en la construcción de hospitales, mientras persisten deficiencias en los servicios preventivos y comunitarios. Propuso crear una red de unidades de atención primaria que acerque la salud a los barrios. Amado Alejandro Báez coincidió en la necesidad de transformar el modelo de atención, mejorar la coordinación profesional y reducir la dependencia de consultas especializadas. El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) respaldó este enfoque, argumentando que permitiría un seguimiento más cercano, aliviaría la sobrecarga hospitalaria y generaría empleos para médicos sin trabajo.
Luis Alberto Peña Núñez señaló la falta de una planificación y continuidad reales en las políticas sanitarias. Según él, la mera construcción de hospitales o la adquisición de equipos no garantizan mejores servicios si no se alinean con necesidades reales ni cuentan con mantenimiento adecuado. «Aquí hace falta planificación efectiva, que no existe, y continuidad de las cosas», sostuvo, añadiendo que las decisiones sobre nuevas infraestructuras deben sustentarse en indicadores técnicos como mortalidad, infecciones hospitalarias y reingresos.
Ernesto Fadul propuso diversificar la oferta mediante la creación de centros especializados que reduzcan la concentración de pacientes en algunos establecimientos, aligerando la carga de los hospitales principales.
En cuanto al financiamiento, Puello exigió una mayor asignación de recursos al sector público para reforzar la capacidad de respuesta hospitalaria, argumentando: «La medicina buena, organizada, eficiente, es una medicina costosa. La medicina mala, mal organizada, es sumamente barata». Báez, por su parte, recalcó que el objetivo no es solo incrementar el presupuesto, sino hacerlo de forma más eficaz: «No es invertir más, es invertir mejor». Añadió que lograr cobertura no equivale a calidad: «Logramos cobertura, pero la cobertura no genera calidad. La calidad tiene que ser nuestra meta a partir de ahora».
Guzmán Marcelino también pidió una gestión más eficiente de los fondos públicos, revisión de los regímenes contributivo y subsidiado, así como de los copagos, y sugirió retomar los acuerdos de 2017 sobre incentivos vinculados a la productividad y la humanización del servicio.
Finalmente, Mena solicitó revisar la Ley 87‑01 ante el alza de los costos médicos y la inflación, y denunció diferencias tributarias que, según él, afectan a las clínicas privadas.
