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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que pone en pausa, por tiempo limitado, la puesta en vigor de una serie extensa de sanciones contra Rusia, alegando que la medida responde al llamado «interés nacional», según informó la Casa Blanca.
Esta decisión afecta la normativa conocida como la Ley Lindsey Graham, nombrada en honor al fallecido senador republicano de Carolina del Sur, cuyo objetivo era endurecer las restricciones económicas contra Moscú y frenar los flujos de dinero que sostienen el conflicto en Ucrania.
Trump manifestó ante el Congreso que la excepción se justifica porque sirve al «interés nacional» de los Estados Unidos.
Aunque el mandatario había firmado esa legislación el 18 de septiembre pasado, ahora opta por suspender temporalmente varias de sus disposiciones.
Concretamente, la orden elimina las sanciones dirigidas a personas y entidades vinculadas al gobierno ruso; levanta las limitaciones financieras y comerciales, así como los aranceles previstos para productos procedentes de Rusia y para ciertos países que compran sus hidrocarburos.
Esta determinación no elimina las sanciones que EE.UU. ya había impuesto a Rusia mediante anteriores órdenes ejecutivas.
Las exenciones permanecerán en vigor hasta que Trump o el secretario de Estado, en coordinación con el secretario del Tesoro y el representante comercial de EE.UU., decidan aplicar nuevas medidas.
Al mismo tiempo, la orden asigna a varios organismos federales la tarea de ejecutar las partes de la ley que siguen vigentes.
La medida llega después de que Washington autorizara de forma temporal las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, permitiendo su importación a EE.UU. pese a las sanciones existentes contra Moscú.
El pasado 9 de octubre, Trump comunicó haber llegado a un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para exportar diésel a los mercados internacionales, con la finalidad de aliviar los precios de la energía y los combustibles.
El mandatario aseguró que Rusia entregaría inicialmente más de 300,000 toneladas de combustible y que, en una fase posterior, se añadirían volúmenes adicionales, sujetos en parte al estado operativo de sus refinerías.
El pacto ha suscitado críticas de legisladores de ambos partidos, quienes ponen en tela de juicio sus posibles efectos sobre la presión económica contra Moscú y su compatibilidad con la legislación estadounidense.
Los detractores advierten que los ingresos de la venta del combustible ruso podrían terminar financiando la guerra en Ucrania, mientras la administración insiste en que la medida es necesaria para contener el encarecimiento de la energía.

