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El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dio a conocer sus informes de gestión correspondientes al lapso 2019‑2026, en los que se recogen los principales logros en acceso a la justicia, transformación tecnológica, mayor transparencia, eficiencia administrativa y disminución de los plazos de respuesta, así como los retos que la próxima administración deberá enfrentar.
Los documentos, puestos a disposición del público, incluyen los resultados de las distintas direcciones y dependencias del Poder Judicial, poniendo especial énfasis en los ejes estratégicos Cero Mora, Transparencia y Acceso a la Justicia, considerados esenciales para elevar la calidad de los servicios que reciben los usuarios del sistema judicial dominicano.
Los informes fueron ratificados mediante las actas números 27‑2026, 28‑2026 y 29‑2026, y abarcan áreas técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, de carrera judicial, además de la Inspectoría General, Justicia Inclusiva, la Escuela Nacional de la Judicatura y el Registro Inmobiliario, entre otras dependencias.
Según la documentación, estos resultados sirven como referencia para dar continuidad a las iniciativas en curso, evaluar los avances institucionales y orientar las decisiones de las nuevas autoridades judiciales.
En materia de modernización tecnológica y reducción de los tiempos de respuesta, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia implementó herramientas como trabajo en la nube, firma electrónica, depósito virtual de documentos e interoperabilidad con el Tribunal Constitucional, logrando bajar el promedio de tramitación a 27 días.
La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación informó que el Sistema de Gestión de Casos (SGC) ya está operativo en todos los tribunales del país, con el objetivo de consolidar una Justicia Digital más integrada, segura y ágil, facilitando el seguimiento de expedientes y mejorando la capacidad de respuesta de los órganos jurisdiccionales.
En el sector registral, el Registro Inmobiliario reportó que el tiempo promedio nacional de respuesta pasó de 26 días a menos de 10, y que los expedientes pendientes se redujeron de aproximadamente 28,000 a 11,600, resultado atribuido a la modernización tecnológica y la incorporación de servicios digitales.
Para reforzar la transparencia y los procesos disciplinarios, la Coordinación General de Comunicación y Asuntos Públicos puso en marcha una política orientada a mejorar la difusión de información oficial y acercar el Poder Judicial a la ciudadanía mediante una comunicación más organizada e integrada.
La Inspectoría General del Poder Judicial, por su parte, agilizó los procesos disciplinarios al establecer plazos máximos de investigación, optimizar la gestión de denuncias y actualizar las normas aplicables a jueces, servidores administrativos y funcionarios públicos, fortaleciendo la supervisión interna.
En cuanto a infraestructura, el informe indica que el Poder Judicial administra una red de 239 sedes en todo el territorio nacional, de las cuales 213 son instalaciones jurisdiccionales y 26 espacios administrativos, de apoyo y servicios, esenciales para atender a los usuarios y garantizar el funcionamiento de los tribunales.
La Dirección de Justicia Inclusiva señaló avances en la consolidación de los Centros de Entrevistas y de Mediación Judicial, así como la incorporación de la perspectiva de género y otras iniciativas que buscan asegurar la igualdad, la no discriminación y un trato digno, facilitando el acceso a los servicios judiciales para personas con necesidades específicas.
La Escuela Nacional de la Judicatura presentó una oferta educativa diversificada en modalidades presenciales, virtuales, híbridas y asincrónicas, orientada a fortalecer la capacitación y actualización de los actores del sistema de justicia frente a las nuevas exigencias profesionales y tecnológicas.
La Dirección General de Administración y Carrera Judicial acompañó la ejecución de los planes estratégicos Visión Justicia 20/24 y Justicia del Futuro 20/34, mediante acciones dirigidas al fortalecimiento del talento humano, la modernización de instalaciones y la mejora de los servicios judiciales.
En el ámbito técnico, el Poder Judicial organizó las Conferencias del Poder Judicial de 2024 y 2026, espacios que permitieron estrechar lazos con actores nacionales e internacionales y promover el intercambio de experiencias sobre la transformación de la justicia; también se desarrollaron estudios, indicadores y propuestas técnicas para respaldar la toma de decisiones, dar seguimiento a la mora judicial y evaluar la experiencia de los usuarios.
Financieramente, la institución reportó mejoras en la formulación y ejecución presupuestaria, tesorería, contabilidad y control de operaciones, con el fin de alinear de manera más eficaz los recursos disponibles con las prioridades estratégicas.
La Dirección Legal presentó resultados cuantificables, entre los que destacan 805 opiniones jurídicas emitidas, 752 contratos revisados, 75 convenios gestionados y 425 resultados favorables en procesos judiciales, equivalentes a una tasa de éxito del 85.3 %, mientras que 87 casos permanecían en curso al momento del informe.
Aunque los informes resaltan avances en digitalización, eficiencia administrativa, infraestructura y acceso a la justicia, también reconocen desafíos pendientes que la nueva gestión deberá atender, como la continuidad de la modernización, la reducción sostenida de la mora judicial, el fortalecimiento de la transparencia y la mejora de la atención al usuario.
Con la publicación de estos documentos, el Consejo del Poder Judicial pone a disposición de la sociedad un compendio de las principales acciones ejecutadas entre 2019 y 2026, con el objetivo de facilitar el conocimiento de la gestión institucional y servir de referencia para la planificación de las próximas etapas de transformación del sistema judicial dominicano.
