El Consejo de Seguridad mantuvo el embargo de armas, la congelación de activos y las restricciones de viaje. Los expertos advierten que las medidas seguirán siendo insuficientes mientras las organizaciones criminales conserven sus redes de financiamiento y abastecimiento.
NUEVA YORK. — El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el miércoles 14 de octubre la resolución 2831 (2026), mediante la cual renovó por un año el régimen de sanciones destinado a combatir la violencia de las bandas armadas en Haití.
La resolución recibió 14 votos a favor y una abstención de Rusia. Fue impulsada por Estados Unidos y Panamá, países encargados de coordinar las negociaciones sobre el expediente haitiano en el Consejo.
La decisión mantiene el embargo de armas, las prohibiciones de viaje y la congelación de activos aplicables a personas y entidades sancionadas por contribuir a la inseguridad del país.
También prorroga por 13 meses el mandato del Grupo de Expertos que investiga las violaciones de estas medidas y supervisa su aplicación.
La ONU busca cortar el suministro de armas a las bandas
El embargo constituye una de las principales herramientas internacionales para limitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales haitianas.
Sin embargo, el tráfico ilícito continúa.
Según el informe más reciente del Grupo de Expertos, presentado en septiembre, el embargo de armas se viola regularmente, a pesar de las operaciones de interdicción y los esfuerzos de cooperación internacional.
El documento señala que las bandas mantienen acceso a armas y municiones mediante redes de abastecimiento ilícito. También advierte sobre riesgos de desvío de material desde arsenales y depósitos oficiales.
La resolución pide a los Estados reforzar los controles sobre el suministro de armas y municiones a las autoridades haitianas, así como mejorar los mecanismos de vigilancia para impedir que ese material termine en manos criminales.
Las sanciones financieras muestran resultados limitados
Uno de los principales problemas identificados por Naciones Unidas es la escasa efectividad de la congelación de activos.
El Grupo de Expertos constató que únicamente se habían reportado cuentas congeladas correspondientes a dos personas sancionadas, con balances reducidos.
Los investigadores atribuyen parte de estas dificultades a deficiencias institucionales, lentitud en la aplicación de las medidas y mecanismos utilizados para ocultar recursos mediante terceros.
Actualmente, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad incluye nueve personas y dos organizaciones.
Los expertos sostienen que perseguir exclusivamente a los cabecillas de las bandas no será suficiente mientras continúen operando las estructuras que les proporcionan dinero, armas y protección.
Más de 1.5 millones de desplazados por la violencia
La renovación de las sanciones ocurre en medio de una grave crisis humanitaria.
Según cifras difundidas por Naciones Unidas el 14 de octubre, aproximadamente 1.5 millones de personas, cerca del 12 % de la población haitiana, han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia.
Entre octubre de 2025 y abril de 2026 se registraron más de 3,000 muertos y 1,500 heridos.
Las organizaciones criminales mantienen presencia en sectores de Puerto Príncipe y han extendido sus operaciones hacia otras regiones, donde se denuncian asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual.
La ONU también ha expresado preocupación por el reclutamiento de menores por parte de las bandas.
¿Qué significa la decisión para República Dominicana?
La renovación del embargo tiene relevancia directa para República Dominicana por su frontera terrestre con Haití y por la necesidad de impedir el tráfico ilícito de armas y municiones.
El Grupo de Expertos realizó investigaciones y reuniones en Santo Domingo como parte de sus esfuerzos para identificar las rutas y mecanismos de abastecimiento de las organizaciones criminales.
El informe también examina la procedencia de municiones encontradas en poder de bandas haitianas, incluidas algunas fabricadas en República Dominicana. Sin embargo, la identificación de su origen de fabricación no demuestra, por sí sola, un desvío reciente desde arsenales dominicanos.
La cadena de custodia de ese material no está completamente establecida, por lo que sería incorrecto atribuir responsabilidades sin pruebas adicionales.
El desafío para las autoridades dominicanas y los demás países de la región consiste en fortalecer la vigilancia, la trazabilidad del armamento y la cooperación contra las redes de tráfico.
Una renovación que no garantiza resultados inmediatos
El régimen de sanciones contra Haití fue establecido en octubre de 2022 y posteriormente ampliado para reforzar el embargo de armas.
Cuatro años después, las organizaciones criminales continúan representando una amenaza para la seguridad y la estabilidad del país.
La resolución aprobada esta semana no constituye una nueva intervención militar ni garantiza por sí misma una reducción inmediata de la violencia.
Su efectividad dependerá del cumplimiento de las restricciones, la identificación de las redes financieras y la capacidad de los Estados para impedir el tráfico de armas.
El Consejo de Seguridad también solicitó al Grupo de Expertos presentar un informe provisional antes del 28 de marzo de 2027 y uno definitivo antes del 1 de septiembre de ese mismo año.
La decisión mantiene la presión internacional sobre las bandas haitianas, pero deja pendiente el desafío central: impedir que las organizaciones criminales sigan recibiendo los recursos que les permiten operar.
