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Según fuentes, la gobernadora Jenniffer González impulsó una nueva ofensiva política este viernes al firmar una resolución legislativa que solicita al presidente Donald Trump y al Congreso de los Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como estado, con los mismos derechos y deberes que el resto de la Unión.
Esta medida marca un nuevo episodio en la larga disputa sobre el futuro político de la isla y vuelve a colocar la estadidad en el centro del debate entre quienes la defienden y quienes prefieren otras alternativas de estatus.
González, integrante del Partido Nuevo Progresista (PNP), declaró que su gobierno no se dejará amedrentar por la postura de los partidos nacionales estadounidenses ni por los comentarios de políticos que rechazan la incorporación plena. “No le temo a ningún partido nacional ni le temo a la expresión de ningún político nacional sobre la estadidad”, afirmó, argumentando que la solicitud responde a un mandato del pueblo puertorriqueño que sus autoridades deben presentar ante Washington.
La iniciativa, conocida como Resolución Conjunta 66‑2026, invoca el artículo IV, sección 3, cláusula 1 de la Constitución de EE.UU. para que el Congreso ejerza su facultad de admitir nuevos estados en igualdad de condiciones. El documento, redactado en español e inglés, será enviado al presidente Trump, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes y a todos los legisladores federales.
Esta petición constituye un desafío directo a la Casa Blanca, ya que el mandatario ha manifestado su oposición a la estadidad tanto para Puerto Rico como para el Distrito de Columbia. En mayo, Trump calificó la idea de convertir ambos territorios en estados de un “desastre”, advirtiendo que alteraría el equilibrio político del Congreso al potencialmente sumar senadores y representantes demócratas.
González aseguró que su administración está dispuesta a emprender una intensa campaña de persuasión, no solo con el presidente, sino también con los legisladores que mantienen dudas sobre la incorporación de la isla. “Nos toca convencer no tan solo al presidente, sino a los representantes que hoy quizás tengan una interpretación equivocada sobre lo que es el territorio y cómo se comportaría políticamente”, declaró, señalando que cuenta con aliados tanto republicanos como demócratas.
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien preside el Partido Popular Democrático (PPD), cuestionó la prioridad que el gobierno otorga al tema del estatus. Hernández sostuvo que la iniciativa, por sí sola, no transformará la relación política con EE.UU. y urgió a enfocar los esfuerzos en resolver problemas cotidianos como la escasez de electricidad y la falta de agua, afirmando que “el status no va a cambiar con este esfuerzo”.
Mientras el PNP promueve la incorporación total a Estados Unidos, el PPD aboga por otras fórmulas de relación y el independentismo persigue la soberanía nacional, la resolución vuelve a poner bajo la lupa esas divergencias. No obstante, la firma de la resolución no convierte automáticamente a Puerto Rico en estado; la decisión final depende de la aprobación de una ley federal por parte del Congreso.

