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En el marco del inaugural Seminario Nacional organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), se reunieron jueces y un representante del Ministerio Público con el objetivo de examinar los desafíos que plantea la reciente reforma del Código Penal en la República Dominicana.
El encuentro tuvo lugar el 30 de septiembre de 2026 en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, dentro de la agenda prevista para esa jornada.
Entre los asistentes se encontraban la magistrada Ysis Muñiz Almonte, el juez Francisco Rodríguez, la jueza Rosanna Isabel Vásquez Febrillet y el abogado Daniel Julio Nolasco Olivo, bajo la dirección del moderador Freddy Ángel Castro.
Durante la mesa de trabajo se abordaron cuestiones como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los impedimentos que surgen en las investigaciones, los criterios para determinar sanciones y el aprovechamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Ysis Muñiz Almonte puntualizó que la nueva legislación trasciende una mera actualización técnica; implica una transformación que obliga a replantear la interpretación del derecho penal, sobre todo frente a entidades jurídicas que presentan retos para los operadores del sistema. Analizó el concepto de “defecto de organización” como fundamento de responsabilidad empresarial y debatió la conveniencia de sancionar a la compañía sin precisar al individuo autor del ilícito, resaltando el papel del Tribunal Constitucional en la solución de estas controversias.
Francisco Rodríguez subrayó que el éxito de la reforma dependerá, en gran medida, de la capacidad del Ministerio Público para conducir investigaciones rigurosas, recolectar pruebas sólidas y sustentar las acusaciones. Señaló la necesidad de que los fiscales dominen las disposiciones recién incorporadas y cuenten con el apoyo de contadores, economistas y peritos forenses, advirtiendo que la falta de recursos pone en riesgo la respuesta adecuada a las exigencias legales y a las expectativas de la ciudadanía.
Rosanna Isabel Vásquez Febrillet destacó la complejidad de aplicar las normas penales a lo largo del tiempo, insistiendo en la obligación de fundamentar cada pena mediante un análisis detallado. Indicó que la coexistencia de regímenes distintos obliga a jueces, fiscales y abogados a una capacitación continua y resaltó que la incorporación de la responsabilidad penal de personas jurídicas requiere la implementación de protocolos internos de supervisión y verificación, sin perder de vista la revisión constitucional de las nuevas disposiciones.
Daniel Julio Nolasco Olivo defendió la ampliación del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos como estrategia para descongestionar los tribunales y brindar respuestas más ágiles. Criticó la cultura predominante del litigio que alarga innecesariamente los procesos y propuso que, cuando la normativa lo permita, se priorice la celebración de acuerdos y otras vías no contenciosas para restablecer la confianza ciudadana en la justicia.
El moderador, Freddy Ángel Castro, planteó interrogantes acerca de la extensión de los expedientes, el cumplimiento de los plazos procesales y el papel de los jueces frente a los acuerdos entre las partes, impulsando un debate centrado en la calidad de las investigaciones y la necesidad de respuestas judiciales oportunas y bien fundamentadas.
En síntesis, los participantes coincidieron en que la puesta en marcha del nuevo Código Penal no dependerá exclusivamente del texto legal, sino también del fortalecimiento técnico de jueces, fiscales y demás actores, de la disponibilidad de recursos adecuados y de la aplicación rigurosa de las normas respetando las garantías procesales.
El seminario se configuró como un espacio de reflexión sobre los cambios legislativos y los retos institucionales que enfrenta la administración de justicia en la República Dominicana.
