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Desde Bogotá, María Claudia Tarazona, esposa sobreviviente del legislador colombiano Miguel Uribe Turbay, manifestó haber obtenido información que sugiere que la directiva para ejecutar el homicidio de su cónyuge se originó en el Congreso de la República. La entrevista se llevó a cabo con fuentes periodísticas.
Tal como explicó la viuda, un individuo que decidió permanecer anónimo le proporcionó datos antes de que ocurriera el asesinato. Tarazona insistió en que esos indicios deben ser evaluados por la Fiscalía para identificar a los posibles cómplices en la fase de planeamiento.
“He recibido información que indica que la autorización del magnicidio contra Miguel se emitió desde el Congreso de la República”, declaró en la entrevista, pidiendo que se amplíe la pesquisa respecto a los presuntos autores intelectuales del delito.
Asimismo, Tarazona apuntó que excombatientes de las FARC estarían presentes en el Congreso y solicitó que se investigue cualquier posible relación de personas afiliadas al partido Comunes. Aclaró, no obstante, que sus afirmaciones no equivalen a evidencia directa de responsabilidad penal.
La viuda informó que la Fiscalía ya dispone de datos vinculados a esta línea de indagación y consideró imprescindible determinar si algún excongresista intervino en la organización o ejecución del magnicidio.
La abogada reiteró que las autoridades deben precisar quién emitió la orden del homicidio y si hubo responsables diferentes a los ejecutores materiales del ataque.
El ataque contra Miguel Uribe Turbay se perpetró el 7 de junio de 2025 en la capital, Bogotá; el senador y aspirante presidencial murió el 11 de agosto del mismo año, luego de haber permanecido hospitalizado por las graves heridas recibidas.
Luego de las declaraciones, el movimiento Comunes desechó las imputaciones y advirtió sobre lo que percibe como una campaña de ataques y desinformación dirigida contra sus dirigentes y antiguos miembros de la bancada congresal.
El colectivo también expresó su disponibilidad para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes.
Hasta la fecha, las observaciones de Tarazona no constituyen por sí mismas prueba de que algún miembro de Comunes haya ordenado o tomado parte en el homicidio; corresponde a la Fiscalía corroborar la información, delimitar su alcance y decidir si existen suficientes indicios para imputar responsabilidad penal.
