RDalDescubierto
El comunicador Elvin Castillo reconoció que la expansión de los canales digitales ha potenciado la participación de la ciudadanía, pero también ha facilitado la propagación de información falsa y ataques a la reputación.
Señaló que existen contenidos difundidos con motivaciones económicas que pueden dañar la imagen personal, por lo que es necesario establecer mecanismos de defensa.
No obstante, cuestionó que la respuesta a esas conductas se base casi exclusivamente en el ámbito penal, y sugirió la creación de una normativa especial para abordarlas.
Castillo advirtió que políticos, empresarios y otros grupos podrían emplear procesos penales como arma de intimidación contra los periodistas, especialmente cuando las instituciones son débiles.
Recalcó que la investigación periodística seria, sustentada en documentos, pruebas y verificación de fuentes, debe poder desarrollarse sin presiones indebidas.
Añadió que ciertos sectores del periodismo perciben las sanciones penales como una amenaza, lo que, a su juicio, fomenta la autocensura.
El ponente pidió mayor claridad sobre la responsabilidad que corresponda a los medios por las acciones de sus empleados y de quienes alquilan espacios en sus plataformas.
En esa línea, propuso precisar las obligaciones de supervisión y los límites de responsabilidad según la naturaleza del contrato.
Por su parte, Jennifer Sepúlveda planteó la necesidad de proteger el honor sin recurrir a la prisión, indicando que el debate jurídico debe enfocarse en mecanismos adecuados que resguarden la reputación sin menoscabar derechos fundamentales.
La expositora sostuvo que los delitos de difamación e injuria pueden resolverse en la esfera civil, o al menos sin prever la privación de libertad, y subrayó la diferencia con conductas como el chantaje y la extorsión.
«Nos bajaron las penas, o la pena, pero no nos quitaron la reja», afirmó, cuestionando la permanencia de la posibilidad de encarcelamiento por delitos vinculados a la expresión.
Sepúlveda explicó que el efecto disuasorio de las normas penales se traduce en preguntas que dejan de formularse y en investigaciones archivadas por temor a sanciones, y destacó el papel de los tribunales al interpretar la ley y garantizar derechos fundamentales.
«Un país donde se encarcela por hablar no es más honrado, es más callado», concluyó.
En la mesa, Kelvin Herrera señaló las consecuencias de someter a una persona a un proceso penal antes de que un juez determine su responsabilidad, y resaltó la necesidad de debatir las garantías aplicables al ejercicio de la libertad de expresión y al periodismo.
El moderador consideró imprescindible abrir espacios de discusión sobre el nuevo Código Penal, particularmente en lo relativo a la protección del honor, la ampliación de la responsabilidad penal y las garantías constitucionales.
Las intervenciones coincidieron en la urgencia de ampliar la capacitación y el análisis del Código, para que periodistas y comunicadores comprendan sus derechos y obligaciones.
El panel formó parte del I Seminario Nacional ADOCCO, donde se plantearon diversas inquietudes sobre los retos legales que enfrenta la comunicación en la República Dominicana.
La conversación dejó patente la necesidad de equilibrar la defensa de la reputación personal con la libertad de expresión, sin obstaculizar la investigación periodística ni el derecho del público a información de interés público.
