@abrilpenaabreu
Lo ocurrido con la diputada Millys Martínez en Elías Piña exige una explicación que vaya mucho más allá de decir que no fue arrestada. Fue esposada. Y negar el arresto no responde por qué se utilizaron las esposas ni si se cumplieron los protocolos.
Para colmo, el incidente ocurrió en el marco de unas fiestas patronales y, según los reportes, durante la tarde. Ese contexto importa. En estas celebraciones suele existir coordinación entre autoridades municipales, organizadores y organismos de seguridad para manejar horarios, música y convivencia. La Policía debe aclarar cuáles eran las condiciones autorizadas, si la actividad intervenida estaba comprendida en esos permisos y qué motivó el procedimiento.
Si el conflicto comenzó por el volumen de la música, corresponde explicar si hubo advertencias, si se procuró la mediación de las autoridades locales y por qué se llegó al intento de apresamiento. En una celebración municipal, antes de la medianoche, agotar las vías de diálogo resulta especialmente relevante. Los permisos pueden contemplar condiciones distintas para estas actividades; eso debe verificarse, no presumirse a favor ni en contra de los presentes.
También hay que explicar qué conducta concreta de la diputada justificó esposarla. Reclamar o intentar mediar no equivale, por sí solo, a agredir. Si la Policía sostiene que hubo violencia, resistencia o una obstrucción que ameritaba esa medida, debe identificarla y demostrarla. La investigación necesita examinar la secuencia completa y la proporcionalidad de la respuesta.
Alfredo Pacheco condenó lo ocurrido y recordó las garantías constitucionales de los legisladores. La inmunidad no concede impunidad, pero tampoco puede ser ignorada por los agentes. Y el respeto a los procedimientos debe alcanzar igualmente al joven involucrado y a cualquier ciudadano que no tenga una curul ni una autoridad que salga públicamente en su defensa.
A la Policía se le ha advertido: cuidadito con equivocarse con los perfiles. Esa advertencia debe traducirse en intervenciones sustentadas en conductas comprobables. Las apariencias, el lugar donde alguien se encuentre o el ambiente de una celebración no sustituyen el criterio policial.
Que tampoco se confunda el hartazgo generalizado frente a la delincuencia, ese que ha llevado a muchos a callar ante el llamado «29», con una patente de corso. Una sociedad cansada puede guardar silencio. Ese silencio no autoriza cualquier método ni libera a la institución de rendir cuentas.
Hay que agradecer que lo de Elías Piña no llegara a mayores. Pero precisamente ahí está el peligro: una intervención que escala entre agentes, ciudadanos y una multitud puede terminar con consecuencias irreparables. No podemos esperar una tragedia para exigir prudencia.
La investigación anunciada debe esclarecer los permisos, las advertencias, la conducta de los involucrados, el uso de las esposas y el cumplimiento de los protocolos. Si hubo una actuación indebida de la legisladora, que se establezca con pruebas. Si hubo exceso policial, que se determinen responsabilidades.
La Policía necesita respaldo para enfrentar la delincuencia, ese respaldo se sostiene con disciplina, transparencia y respeto a la ley. El hartazgo ciudadano no es un cheque en blanco y que esta vez no hubiera una tragedia debe servir como advertencia.
