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El jurista propone la creación de una comisión permanente en el Congreso, especializada en seguridad ciudadana y política criminal, que garantice la actualización continua de la legislación y resuelva los inconvenientes que aparezcan en su aplicación.
Santo Domingo, República Dominicana.
El abogado y profesor Miguel Valerio Jiminian manifestó que el recién promulgado Código Penal constituye una herramienta valiosa en la batalla contra la corrupción, aunque subrayó que su efectividad dependerá de una correcta interpretación jurídica y de una revisión constante de sus disposiciones.
Durante su participación en el panel «Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal», en el marco del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Valerio destacó los avances logrados con la reforma y señaló los puntos que requieren mayor precisión para garantizar su correcta ejecución.
El evento se realizó el 30 de septiembre pasado en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, con la presencia de juristas, representantes institucionales y profesionales vinculados al sistema judicial.
Según Valerio, la nueva normativa ofrece mecanismos tanto para la persecución penal como para la defensa, al definir con mayor claridad las conductas que constituyen delito.
Sin embargo, el jurista recordó que la reforma no puede considerarse concluida, pues los cambios sociales y los problemas surgidos en su puesta en práctica demandarán ajustes futuros.
En esa dirección, propuso instaurar una comisión del Congreso Nacional dedicada exclusivamente a la seguridad ciudadana y la política criminal, independiente de la Comisión de Justicia, que supervise la legislación penal y promueva las actualizaciones necesarias.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la responsabilidad penal por infracción de deber, sobre todo en los casos que involucran obligaciones especiales de los funcionarios públicos.
Explicó que, para atribuir responsabilidad en esas conductas, es esencial examinar no solo quién ejecutó la acción materialmente, sino también cuáles eran los deberes inherentes al cargo y de qué forma fueron vulnerados.
El jurista señaló que un desafío importante será identificar qué obligaciones contempladas en otras normas del ordenamiento jurídico pueden servir de base para esa responsabilidad, siempre bajo el principio de legalidad.
Adicionalmente, enfatizó que el nuevo Código Penal clarifica con mayor nitidez la participación de particulares en hechos de corrupción.
De acuerdo con sus palabras, una persona que no sea funcionario público también puede ser objeto de responsabilidad penal por su intervención, conforme a las disposiciones que regulan las distintas modalidades de participación.
Valerio cuestionó la forma en que ciertas infracciones están estructuradas dentro del Código, particularmente la agrupación de delitos de corrupción, abusos de autoridad contra particulares y conductas que afectan la administración de justicia.
Consideró que los abusos cometidos por autoridades contra ciudadanos deben tratarse incorporando la dimensión de los derechos humanos.
Asimismo, sostuvo que las infracciones vinculadas al funcionamiento del sistema judicial deberían organizarse de manera separada.
Otro aspecto que analizó fue la coexistencia de las normas penales del Código con la legislación sobre compras y contrataciones públicas, advirtiendo sobre la necesidad de un examen cuidadoso para determinar cuál normativa resulta aplicable en cada caso y evitar conflictos de interpretación.
En relación con la transversalidad de la corrupción, indicó que ciertas conductas pueden generar la concurrencia de varias infracciones, lo que suscita dudas sobre la acumulación de penas.
En su criterio, es fundamental aclarar estos puntos para lograr una aplicación coherente del cuerpo legal.
El jurista reiteró su apoyo a los acuerdos judiciales como mecanismos que pueden reforzar el funcionamiento del sistema penal.
Argumentó que una descripción más precisa de las conductas sancionables permite a los abogados defensores orientar adecuadamente a sus clientes respecto a los hechos que se les imputan y a las alternativas procesales disponibles.
Al cerrar su intervención, Valerio reconoció la labor de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción y de su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, en la promoción del debate jurídico y la vigilancia ciudadana frente a la corrupción.
El I Seminario Nacional ADOCCO reunió a especialistas y representantes de distintos sectores para evaluar el impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión, la responsabilidad penal y la lucha contra la corrupción.
