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Redactado por Estephanie Carrasco. Santo Domingo – El Poder Ejecutivo de la República dominicana consiguió un hito importante en la lucha contra la trata de personas, al ser calificado con Nivel 2 en el último informe que la Embajada de EE. UU. presentó sobre el país.
Entre las medidas que sustentan este progreso destaca la actualización de la Ley 137‑03 contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas, la cual elimina la necesidad de demostrar la existencia de fuerza, fraude o coacción cuando la víctima es menor de edad, armonizando la normativa nacional con los estándares internacionales, particularmente en casos de explotación sexual.
En el ámbito legislativo, se aprobó y se dotó de recursos financieros al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025‑2028. Además, se emitió la Resolución N.º 13‑2024 que crea un procedimiento para la expedición de cédulas a personas apátridas. La reforma de la Ley 137‑03 contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de sobrevivientes, y se mantiene vigente el artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que sanciona la entrega o explotación de menores de 18 años con penas que van de 20 a 30 años de prisión.
Desde la perspectiva penal, las autoridades han intensificado sus acciones, iniciando 229 investigaciones por trata de personas y procesando a 50 sospechosos bajo la normativa especial. El informe también indica un proceso de depuración institucional, con indagaciones contra ocho funcionarios presuntamente cómplices y la apertura de procesos contra tres de ellos, entre los que se encuentran miembros de las fuerzas de seguridad.
En el sector laboral, el Ministerio de Trabajo ha reforzado las inspecciones en sectores vulnerables como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, alcanzando un total de 1 050 fiscalizaciones. Estas visitas resultaron en el cierre temporal de 11 empresas privadas por indicios de trabajo forzoso. Paralelamente, el programa piloto de registro migratorio regularizó a más de 7 400 trabajadores mediante contratos formales, disminuyendo su riesgo de ser víctimas de trata y garantizando su movilidad.
Los programas de atención y protección han identificado a 136 víctimas; de ellas, 134 recibieron asistencia integral financiada por el Estado, que incluye atención médica, psicológica, asesoría legal y servicios de traducción. La coordinación entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI ha permitido mantener operativos refugios especializados y asegurar la protección de víctimas y testigos durante los procesos judiciales, complementados con campañas preventivas multilingües y capacitaciones continuas al personal de seguridad.
