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La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) agradeció que la Contraloría General de la República haya puesto a disposición los informes de auditoría, pero subrayó que esos resultados deben originar indagaciones, acciones correctivas y las sanciones que correspondan.
Según la entidad, la publicación de dichos documentos constituye un avance hacia la transparencia institucional; sin embargo, la rendición de cuentas obliga a precisar qué medidas se adoptarán, quiénes serán los responsables y cómo se evitará la repetición de las mismas irregularidades.
“Los informes de auditoría deben producir consecuencias. La ciudadanía necesita conocer cuáles hallazgos han sido aclarados, cuáles requieren investigación y qué procedimientos se han iniciado para establecer responsabilidades”, declaró ADOCCO.
La Alianza solicitó a los poderes públicos que analicen cada punto señalado y establezcan las posibles responsabilidades en el plano administrativo, civil o penal.
Asimismo, pidió que los casos que presenten indicios de delito sean remitidos al Ministerio Público acompañados de la evidencia pertinente.
La organización puntualizó que la detección de una anomalía en una auditoría no equivale, por sí sola, a una declaración de culpabilidad, por lo que todo procedimiento debe respetar el debido proceso.
No obstante, sostuvo que ese respeto al proceso debe ir de la mano con investigaciones ágiles y exhaustivas.
“Cuando se comprueben faltas administrativas, deben aplicarse las sanciones correspondientes; cuando se determine un perjuicio económico, debe procurarse la recuperación de los recursos; y cuando existan indicios de delito, debe actuar el Ministerio Público”, indicó.
En ese sentido, ADOCCO propuso que las instituciones auditadas elaboren planes de acción que incluyan responsables claros y plazos verificables para subsanar las falencias encontradas.
También demandó que se comunique al público el grado de cumplimiento de las recomendaciones, los trámites iniciados y los resultados que se vayan obteniendo.
La Alianza advirtió que corregir una deficiencia para el futuro no debe impedir que se investiguen hechos anteriores que puedan generar responsabilidades.
Por último, instó al Poder Ejecutivo, a la Contraloría y a las demás autoridades competentes a asegurar que la difusión de los informes de auditoría sirva realmente para salvaguardar el patrimonio público.
“Publicar las auditorías es un avance; actuar sobre sus resultados es el siguiente paso indispensable”, concluyó.
