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El exsenador del PLD, ingeniero agrónomo Adriano Sánchez Roa, advirtió que más de 31 mil arroceros dominicanos corren riesgo de quedar desamparados si el Ejecutivo no actúa con celeridad, y recordó que el presidente Luis Abinader creyó que podía burlar a EE. UU., obligándolo a retractarse mediante un nuevo decreto; el dirigente pidió “hablar menos y hacer más” por la gente.
En una conversación televisiva, el exlegislador señaló que cerca de 250 mil dominicanos dependen, de forma directa o indirecta, de la cadena productiva del arroz, la cual abarca 21 provincias de la nación.
Presentó una tabla que muestra cómo 42 productos de la canasta familiar pasaron de costar 25,000 pesos en 2020 a 53,000 pesos en 2026, culpando al actual gobierno de “incapacidad e ineficacia”; también recordó que bajo la gestión de Danilo Medina las importaciones alcanzaron 3,139 millones de dólares, mientras hoy superan los 6,000 millones.
Señaló haber visto pasar a 23 ministros del sector agrícola, describiendo a Limber Cruz como el peor de la lista, pero aseguró que el actual ministro, Carlos Oliveira, lo supera en errores.
Criticó la magnitud de las importaciones de habichuelas, guandules, maíz, pollo, carne de res y cerdo, catalogándolas como desproporcionadas.
Propuso que la auditoría del Ministerio de Agricultura sea realizada por una firma internacional en vez de la Cámara de Cuentas, para revelar la verdadera situación de los últimos seis años bajo el PRM.
Exigió que el gobierno de Luis Abinader y el PRM diseñen un plan de emergencia para los arrozeros, convoquen a la Comisión Nacional Arrocera, a universidades y a los partidos políticos, recordando que los procesos de mecanización, transformación y apoyo al sector demandan tiempo e inversión.
“Si el Gobierno no interviene rápido en auxilio de los productores de arroz, la situación se va a poner color de hormiga”, alertó el dirigente del PLD, instando a identificar los recursos económicos necesarios para estabilizar a los agricultores.
“Los errores que se han cometido tienen que pagarse con dinero”, reiteró, subrayando que el Estado debe destinar el presupuesto indispensable para proteger la producción nacional mientras se ejecutan las reformas.
Calificó de inconstitucional el primer decreto firmado por el presidente Abinader, que pretendía modificar las condiciones de importación de arroz, alegando que vulnera un acuerdo internacional suscrito por siete países y aprobado por sus congresos.
Explicó que la medida generó descontento en autoridades estadounidenses, ya que la República Dominicana adquiere arroz de Vietnam, Uruguay y otros países sudamericanos, mientras sus compras al mercado de EE. UU. son escasas.
Según Sánchez Roa, EE. UU. decidió aplicar las disposiciones del DR‑CAFTA después de que en 2025 permaneciera en silencio sobre la conducta de las importaciones dominicanas; en 2026, el país registró importaciones de arroz de otros mercados: 4,700 toneladas en enero, 9,694 en febrero, 130,000 en marzo y 90,000 en abril.
Resaltó la diferencia de costos: producir un quintal de arroz en la isla cuesta alrededor de 23.2 dólares, mientras que en EE. UU. el precio ronda los 12.7 dólares, lo que coloca a los productores locales en clara desventaja competitiva.
Añadió que EE. UU. produce aproximadamente un 60 % más de arroz que la República Dominicana.
Defendió las políticas agrícolas de los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, que mantuvieron protección y estímulo a la producción nacional, elevando la cosecha de cerca de 10 millones de unidades a unos 14 millones, según sus cálculos.
Señaló que en 2024 el Gobierno dominicano importó una cantidad de arroz muy superior a la adquirida en EE. UU., afirmando que las importaciones desde otros mercados fueron diez veces mayores que las provenientes del vecino norteamericano.
Advertió que el precio del arroz se ha duplicado desde 2020, lo que ha mermado el consumo de los dominicanos; sostuvo que el debate sobre el futuro del cereal debe también considerar al consumidor, dada su relevancia en la dieta nacional.
Finalmente, solicitó al Comité Político del PLD que convoque al Comité Central para adelantar la elección del precandidato presidencial a febrero de 2027, argumentando que hacerlo en octubre sería un grave error por el estrecho margen antes de las municipales.
